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¿Apagamos el incendio? Sobre la urgencia de la contratación de PDI

Los datos que aportan Juan Hernández Argenteros y José Antonio Pérez García en el cuaderno de trabajo 9 se Studia XXI: Demografía universitaria española:aproximación a su dimensión, estructura y evolución» , en relación a la demografía universitaria y tasas de reposición en las instituciones públicas de educación superior años 2008/2015, no requieren mucho más análisis (pueden consultarse resumidamente en este post, en este, y en este). Son datos sólidos que reflejan una situación preocupante para la universidad española: el profesorado de la universidad pública no se renueva a un ritmo adecuado para mantener las funciones que tiene encomendadas. La solución también es clara: hay que contratar más profesorado. Aquí podría terminarse esta anotación. No habría mucho más que decir. No obstante, voy a introducir algunos aspectos relacionados o derivados de esta situación.

Lo que se plantea en este estudio no es sobre demografía de España, sino de la universidad pública española. Pero, como la última está dentro de la primera, es fácil entender que existen elementos comunes. Por una parte, el profesorado universitario aumenta su edad media al igual que aumenta la de los maestros, médicos y a la de la sociedad en general. Las estrategias para abordar este tipo de problemas, la forma de hacer políticas públicas en este tipo de asuntos, que requieren perspectivas de décadas, es similar: no hay forma de establecer planes de actuación que no tengan resultados en el corto plazo. Estamos bastante acostumbrados a que la manera de rendir cuentas se produzca a través de titulares de prensa, tuits o frases hechas, es decir, a través de noticias breves, impactantes y diarias. Aunque haya asuntos de máximo interés social cuya evolución y resultados deberían comunicarse cada 10 años, es imprescindible, para aprobar un proyecto político, que éste permita ofrecer espectaculares resultados de manera visible y continua. Es evidente que hay muchos planes de actuación cuyos resultados exceden los 4 años de una legislatura y los 8 de dos. Y éste, del que estamos hablando, es uno de ellos. No hay forma de abordar un problema de envejecimiento de población sin políticas públicas acertadas y planificadas a largo plazo.

Los datos que se nos presentan no son solo fruto de la crisis económica o de la decisión sobre las tasas de reposición de personal en el sector público. Son consecuencia de muchos años de decisiones en temas que afectan a la contratación de profesorado para las universidades públicas. Estas decisiones tampoco son solo las del Parlamento español, regulando la estructura del profesorado universitario, ni del Gobierno de España, regulando los requisitos de contratación de funcionarios. También son fruto de las decisiones de las Comunidades Autónomas, con medidas como el control del gasto, o de las propias universidades con sus sistemas de planificación de necesidades (los haya o no), e incluso de los departamentos, con sus decisiones sobre cuándo y qué tipo de plazas solicitar. Parece extraño para los no universitarios, pero en los departamentos también se toman decisiones que afectan al tema del que hablamos. La organización de la plantilla de profesorado de una universidad debe responder a criterios racionales (explicables) y públicos, y debe formar parte también de una planificación a largo plazo.

Todo esto es de enorme importancia para la sociedad, no solo para las universidades. El problema de la no incorporación de nuevo profesorado es, sobre todo, un problema de “gestión de personal”: hay que cubrir necesidades docentes y de investigación y no se dispone de los recursos adecuados para hacerlo. Pero tiene una derivada muy grave que supera las consecuencias para la gestión interna de las universidades. Desde el punto de vista social, una generación de personas en formación y recién formadas no encuentra ni encontrará el espacio que debería tener en la universidad –y no solo para acceder a ella, tampoco para competir por un puesto de trabajo que debería estar ahí, y que formaba parte de un plan profesional cuando iniciaron su formación. En el tipo de sociedad en el que vivimos, los puestos de trabajo requieren una formación avanzada que se consigue durante varios años de aprendizaje. Este nivel de formación es el imprescindible para que una sociedad del siglo XXI pueda ofrecer el bienestar que queremos, al que estamos acostumbrados y que aspiramos a mejorar.

En el caso de un profesor universitario junior, se necesita de unos 4 a 6 años de estudios predoctorales y 4 años más de estudios doctorales. Si tienes suerte, un contrato como profesor ayudante doctor, de otros 4 años, te da la formación para poder acceder a un puesto permanente. Así que hacen falta entre 12 y 14 años de formación previa para poder estabilizarte como profesor de universidad. Si eres bueno, eso te permitirá disponer de un curriculum y los contactos con colegas de tu campo que te abran la posibilidad de competir por recursos económicos regionales, nacionales o internacionales, para desarrollar alguna línea de investigación. Pero, probablemente para liderar este tipo de solicitudes, necesites otros 4-5 años. Así que, en mi opinión, las consecuencias de la reducción de las plazas de profesorado en las universidades públicas en los últimos años no es solo el aumento del número de alumnos por aula. También es la parada en seco de la carrera profesional de muchas personas con años de estudios, la reducción de la capacidad de las universidades de captar recursos externos para la investigación y la ralentización de la modernización de líneas de investigación con impacto en la sociedad. Estamos hablando de las personas en las que la sociedad ha invertido muchos recursos y en las que ha depositado su confianza para que el bienestar general se mantenga o mejore. Bloquear su acceso a un puesto de trabajo es absurdo, es tirar el dinero de todos.

Sobre las soluciones, la mala noticia es que los datos demográficos son estables y muy lentos: un año arrastra los datos del año anterior, las zonas geográficas explican algunos datos y las variaciones de un año a otro son pequeñas. Algunos ejemplos. En España todavía se nota la reducción de numero de nacimientos que se produjo durante la Guerra Civil entre los que ahora tienen 80 años, algo que no se puede modificar. Sobre las zonas geográficas, hay 3 regiones en las que casi una de cada cuatro personas es mayor de 65 años: Castilla y León, Asturias y Galicia (el Noroeste). Por último, sabemos que, sin duda, año a año y poco a poco, aumentaran estos porcentajes. No existe política pública alguna que consiga que el próximo año 2018 disminuya ni el número de personas ni el porcentaje de personas mayores de 65 anos sobre la población española, ni el 2019, ni el 2020… Es decir, cualquier actuación para mejorar esta situación tendría que haberse hecho hace tiempo y de forma constante durante muchos años. Hay ámbitos en la sociedad que solo pueden transformarse con políticas estables, fruto de datos acumulados con rigor, de buenos análisis, de diseños compartidos y ejecuciones no sometidas a debates demagógicos. Nada de esto parece posible.

Por ello, la única acción posible, para no aumentar el problema, es empezar a contratar al profesorado necesario para las universidades públicas y de forma urgente. El argumento político inmediato para retrasar esta medida es que esta contratación debe hacerse de forma eficiente y que hay que pensar muy bien el modo de hacerlo. También hay que pensar cómo apagar un fuego de forma eficiente, pero cuando el bosque se está quemando hay que reaccionar deprisa, con todo tipo de soluciones. Y el bosque universitario se está quemando. Por ello, y para caldear el debate, ofrezco algunas medidas concretas relacionadas con la contratación en la universidad pública.

  1. Para la contratación de personal docente e investigador hay que definir funciones. Pero no están claramente establecidas porque llevamos anos moviéndonos entre la demanda al Gobierno de España de un Estatuto del Profesorado Universitario que establezca las funciones detalladas y la exigencia permanente de mayor autonomía de las universidades para gestionar de forma eficiente todos sus recursos. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Deben ser las universidades, en uso de su autonomía, quienes decidan cómo organizar sus recursos humanos.
  2. La cantidad de personal a contratar debe establecerse considerando las necesidades de la sociedad, la capacidad de los financiadores públicos y la responsabilidad de las universidades. Deben ser las universidades las que establezcan un plan que atienda a dichas necesidades, que convenzan de que se basa en criterios racionales y de que puede mantenerse a medio y largo plazo. Deben ser las Administraciones educativas (las que financian) las que aprueben, supervisen y garanticen su ejecución en el plazo establecido.
  3. La distribución de plazas se ve muy afectada por la especialización en las materias a impartir. Por ello, es necesario que las universidades distingan bien aquella docencia que necesariamente debe ser impartida por un especialista de la que puede ser impartida por varios. La especialización se ve afectada por el corporativismo y los núcleos de poder en campos científicos paralelos: el problema de las áreas de conocimiento. Esto afecta de forma directa a una adecuada planificación de los recursos humanos, dentro de entornos que siempre son de recursos económicos escasos y limitados. Cierto grado de polivalencia en el profesorado permitiría distribuir mejor los recursos
  4. La estructura de la plantilla mejoraría con la posibilidad de contratar un profesor doctor temporal que pueda cubrir necesidades docentes sobrevenidas sin tener que acudir a la contratación de profesores asociados, que deben responder a otro tipo de necesidades: la participación de profesionales en la formación de futuros profesionales. Nos movemos entre una legislación que impide la precariedad y una realidad que requiere soluciones a problemas puntuales. No disponer de medios directos para cubrir necesidades justificadas obliga a buscar medios indirectos, no siempre adecuados.

En resumen, la situación de envejecimiento es clara, el impacto negativo también. Son necesarias medidas urgentes y debemos superar debates en los que llevamos años enredados. Las consecuencias son para toda la sociedad, pero la responsabilidad de las decisiones es de las Administraciones públicas y de las propias universidades. ¿Apagamos el incendio?

Fuente: Cuaderno de Trabajo 9 de Studia XXI, «Demografía universitaria española:aproximación a su dimensión, estructura y evolución».

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