Univerdad

Una conversación pública sobre la universidad española en clave afirmativa y crítica, desde la independencia y el rigor intelectual

Autonomía y competencia, bases para la discusión sobre un posible modelo de financiación universitaria

La discusión acerca de un nuevo sistema de financiación y organización para las universidades de España es fundamental por dos motivos: el primero es que el progreso económico y social de nuestro país solamente va a ser posible si mejora nuestro capital humano y nuestra capacidad de innovar y producir conocimiento científico. La universidad debe desempeñar un papel destacado en conseguir ese objetivo. El segundo es que la competencia y la autonomía universitarias son fundamentales para conseguir una universidad excelente. Competencia para atraer fondos de investigación y estudiantes. Autonomía para diseñar políticas de contratación y remuneración del personal, así como para diseñar planes de estudios y atraer estudiantes.

El nuevo modelo de financiación debería ser la pieza clave en la generación de los incentivos para crear una universidad excelente. En realidad, el modelo actual de financiación en algunos lugares, como la Comunidad de Madrid o Valencia, ya presenta algunos elementos para esta generación de incentivos, pero aún le falta exigencia y claridad. Para empezar, sería útil aclarar mediante el modelo de financiación que las universidades tienen dos objetivos, la investigación y la docencia, y que ambos son igualmente importantes. Por tanto, la financiación se debería de hacer al 50% por cada uno de estos objetivos.

La segunda reflexión es que la financiación debe darse fundamentalmente por resultados. La sociedad está comprando servicios a la universidad, y debe pagar por estos servicios, no por la cantidad de edificios o personal que los generan. De esta manera se producen incentivos para usar los recursos de manera más eficiente, algo que, dada la situación fiscal de nuestro país, debe ser una consideración de primer orden en el diseño de cualquier política pública.

Cuando las universidades son responsables finales de los resultados de los estudiantes aparecen incentivos muy potentes para tomar las decisiones adecuadas sobre la estructura del grado, entre otras cosas. Para ser más específico: si un grado de 180 créditos es un error, disminuirá la empleabilidad del estudiante, y si esto repercute en las finanzas de la universidad, la decisión se tomará menos a la ligera. Pero lógicamente este principio sirve igual para otras muchas decisiones universitarias. Resulta menos necesario (o totalmente innecesario) un costosísimo proceso burocrático de acreditación nacional de titulaciones si las universidades se responsabilizan de los resultados de los estudiantes.

La universidad que cree un grado inútil, demasiado corto, demasiado largo, con asignaturas redundantes o con falta de asignaturas necesarias, producirá estudiantes peor formados, y no se podrán lograr buenos empleos. Y esto debería disciplinar sus decisiones.

Finalmente, los resultados por los que se debe pagar a las universidades deben ser exigentes, porque en las circunstancias actuales no nos podemos permitir seguir como si nada pasara. Los ciudadanos son conscientes de que España está en una encrucijada histórica y son capaces de aceptar reformas exigentes y atrevidas si se les explican bien. La alternativa a no reformarnos es quedarnos descolgados de los países de primera.

En resumen, la financiación se debe basar al 50% en resultados de investigación y en otro 50% en resultados de docencia. Y los resultados que se miden deben tener en cuenta de manera primordial la calidad y la excelencia, ante todo.

Se puede argumentar que la financiación de las universidades en algunas comunidades ya tiene en cuenta los resultados de investigación. El problema es que lo hace de maneras indirectas y poco selectivas. Uno de los indicadores, por poner un ejemplo, es el número de sexenios relativos de los investigadores de plantilla. Pero los sexenios en muchas disciplinas simplemente no premian la excelencia, ya que se otorgan por haber llegado a un umbral de publicaciones mínimo. Esto impide premiar o distinguir a los departamentos o investigadores más notables. También se consideran las tesis leídas en una universidad, sin tener en cuenta si estas tesis son buenas, regulares o francamente malas.

Me parece que la mejor forma de proceder pasa por fijarse en exclusiva en los resultados finales de investigación. Es decir, el resultado que se financia es la cantidad de publicaciones de todos los investigadores de cada universidad ponderando de manera intensa por la calidad de estas publicaciones. Esta calidad se puede medir, dependiendo de los estándares de cada disciplina, por el prestigio de las revistas científicas o las citas de los artículos y libros publicados.

En docencia también es importante financiar por los resultados de la misma. Es importante saber qué titulaciones son una necesidad social y cuáles son un lujo que no debería pagar el contribuyente. Y la fórmula más razonable de medir el resultado es considerando los resultados laborales de los egresados. Y yo no me pararía exclusivamente en la “inserción”, es decir, las tasas de empleo o el tipo de contratos. Los graduados universitarios españoles tienen tasas adecuadas de empleo, por comparación a los que no pasaron por la universidad. Pero muchos están sobre-cualificados para el trabajo que desempeñan y la sociedad no puede ni debe financiar esa sobre-cualificación.

Por tanto, la financiación debe estar condicionada, idealmente, a la corriente salarial futura de los egresados por cada titulación en los primeros años después de finalizar los estudios. Para simplificar, a la tasa de empleo multiplicada por el salario medio una vez se encuentra empleo. Una objeción posible es que si se premia de manera extrema los resultados de docencia e investigación, nadie va a querer realizar tareas de gestión. Esto no es cierto si las universidades tienen auténtica autonomía de gestión. Dada la importancia de conseguir buenos profesores y buenos resultados, los buenos gestores tienen una tasa de rentabilidad muy elevada que toda la comunidad universitaria va a percibir con facilidad. Y, además, al gestor que lo haga bien se le debería poder pagar lo suficiente como para que le compense dejar sus otras actividades.

Esta propuesta tampoco menciona un ejercicio de evaluación de la transferencia de conocimiento. La razón es que las actividades de transferencia, si son útiles de verdad, las debe pagar el sector privado a los profesores que las hagan bien. La consecución de estos objetivos de excelencia, guiados por incentivos financieros, solamente será efectiva si las universidades tienen auténtica autonomía para gestionar sus tareas. Ello exige que las universidades dispongan de instrumentos legales para:

  1. Competir por el profesorado mediante figuras contractuales flexibles.
  2. Crear, extinguir o fusionar titulaciones.
  3. Realizar la necesaria reconversión del personal y su actividad.

Por ejemplo, las universidades con peores resultados de investigación pueden querer contratar a buenos investigadores para mejorar esos resultados. Ese tipo de investigador puede requerir que las universidades tengan la posibilidad de pagar salarios más elevados y ofrecer condiciones de trabajo favorables para ir a ese lugar. También puede ser necesario permitir a las universidades extinguir departamentos cuyos resultados de docencia o investigación no sean satisfactorios, o su fusión con los de otras universidades que puedan acogerlos.

Asimismo, una universidad puede tener titulaciones que deben extinguirse por su falta de rentabilidad social o ideas nuevas sobre titulaciones atractivas. Y esto requiere libertad de creación y eliminación de titulaciones, así como fusiones interuniversitarias de las mismas. La disciplina presupuestaria que genera el pago por resultados hace imposible que esta creación o destrucción se haga de manera frívola.

La parte más importante de un cambio en esta financiación debe venir de tasas de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. Para resolver este problema, un objetivo importante debe ser el conseguir una aprobación de tasas más elevadas por parte del gobierno de la nación. Esta subida se debe complementar con becas y préstamos generosos para que nadie se quede fuera de la universidad por la financiación.

Pero otro objetivo importante de la internacionalización de nuestras universidades es atraer estudiantes extranjeros que paguen tasas significativas, lo que puede requerir un mayor énfasis en titulaciones bilingües como las que ya se imparten en algunas universidades.

Unas líneas estratégicas como las aquí planteadas merecen, al menos, ser tenidas en cuenta en una discusión rigurosa y sensata sobre un nuevo modelo de financiación que, al margen de una posible revisión de la duración de nuestros estudios de grado y posgrado, debería fundarse, sobre todo, en la necesidad de servir a los intereses de los ciudadanos españoles.

Fuente: Cuaderno de Trabajo 7 de Studia XXI, “Consideraciones sobre el grado universitario en España“.

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Comentarios
  1. Ricardo Peña Marí dice: 25/09/2018 a las 11:35

    Estando de acuerdo en que la financiación debe tener una parte que dependa de resultados objetivos, la cuestión estriba en cómo medirlos. Mientras que en el caso de la investigación existen parámetros objetivos suficientes, en el caso de la docencia no está tan claro. En mi opinión, no es justo referirlos solo a la empleabilidad. Eso haría desaparecer a muchas titulaciones de humanidades, o algunos títulos propios, o los cursos para mayores,. Es misión de la universidad formar a las personas, sea para el mercado laboral o no. Habría quizás que fijarse en la demanda de dichas titulaciones.

  2. Rafael dice: 26/09/2018 a las 09:54

    Primero hay que decidir si la educación es mercancía o no; si los estudiantes son clientes o no; y si la universidad es una empresa o no. Porque, si no, es difícil entender esto de “competir” y tener mercado (ranking). Y evidentemente, si se pretende que las universidades compitan entre sí, hay que darles plena autonomía en todo (decidir el plan de estudios, contratar profesorado y personal de administración, etcétera) y cambiar el sistema de tasas públicas para que sea precio de mercado. Yo creo que no es ese el ámbito de la educación y, por tanto, la terminología (e ideología) referente a competencia, clientelismo y demás está fuera de lugar.

  3. Marta Paredes Pancorbo dice: 26/09/2018 a las 13:14

    “Dada la importancia de conseguir buenos profesores y buenos resultados, los buenos gestores tienen una tasa de rentabilidad muy elevada que toda la comunidad universitaria va a percibir con facilidad..”me gusta el planteamiento para recordar la importancia de la gestión en la universidad. Gracias!

  4. Rafael LM dice: 26/09/2018 a las 13:32

    Estando en parte de acuerdo con el argumento de Rafael, creo que habría que matizar que una cosa es lo que la universidad es, y otra lo que nos gustaría que fuera. En la vida en sociedad se dan toda clase de intercambios que responden a diferentes intereses y, la educación, en parte (insisto, en parte), es un intercambio de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en diferentes ámbitos (concretamente estamos hablando de la universidad), que buscan atraer diferentes profesores (e investigadores y PAS) y estudiantes, lo que da lugar a un mercado (particular, si, pero mercado). Otra cosa es que eso no derive en un “mercadeo” que menoscabe el verdadero sentido de la educación, que es mucho más que ser competitivo en el mercado de trabajo, o en el mercado de las universidades. Pero hacer una enmienda a la totalidad por la terminología utilizada (nos guste más o menos el neoliberalismo), no tiene sentido. La realidad es que en las encuestas (a profesores, estudiantes y PAS) se dice que la principal misión de la universidad es formar buenos profesionales (ser competitivos en el mercado de trabajo). A todos (mejor dicho, a muchos) nos gustaría que la respuesta fuera poner delante otros objetivos, pero la realidad muchas veces (o siempre) es distinta a como nos gustaría que fuera.

  5. Rafael dice: 27/09/2018 a las 10:47

    El principio de igualdad y el derecho a la educación como integrante del libre desarrollo de la personalidad implica que debemos “tender” a que dé igual en qué universidad se estudie; la universidad pública debe ser garantía por sí misma de la necesaria calidad (humana y material), sin competir con nadie; ¿acaso la sanidad pública compite?. Otra cosa es el papel de las universidades privadas; tal vez haya que limitarlas o exigir un control público que garantice esa calidad educativa. e incluso el acceso de cualquiera a ellas (porcentaje de matrícula gratuita para personas sin recursos económicos). Todo ello partiendo de que esto no debe ser un mercado. Ahora bien, si no asentamos los principios, todo es relativo; y la terminología (el lenguake) es muy importante porque poco a poco “modela” el pensamiento.

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