Del dicho al hecho…

¿Qué se puede esperar de la reforma universitaria estatal en materia de financiación de las universidades?

El anteproyecto de reforma universitaria, ahora en compás de espera, contenía disposiciones respecto a la financiación pública universitaria que volvían por donde suelen las normas españolas, esbozando compromisos, que, más que probablemente, no se cumplirán.

Hay antecedentes. Las dos Leyes orgánicas universitarias precedentes (1983 y 2001, modificada en 2007 y 2012) también hablaban de suficiencia financiera. La primera lo hacía en términos muy genéricos y la segunda, en su versión vigente, con algo más de concreción: “se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad” (Art.79:) y que esa financiación debía favorecer la “plena participación en el Espacio Europeo de Educación Superior” (Disposición adicional octava).

Tal y como ordenaba esa Disposición adicional octava, el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria, con la participación de todos los agentes implicados: Estado, Comunidades Autónomas (CCAA), Universidades y Consejos Sociales, y ya muy conscientes de la situación derivada de la crisis iniciada en 2008, aprobaron el 26 de abril de 2010, como objetivo de suficiencia para el Sistema Universitario Español (SUE),  alcanzar en 2020 el 1,5% del PIB (consultar aquí el Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español, elaborado en 2010 para la Comisión Mixta de Financiación del CGPU y del CU).

De 2010 a nuestros días

¿Por dónde va en la actualidad el cumplimiento de ese objetivo formulado en 2010? La realidad es que, en 2018, la financiación del SUE seguía anclada en el 1,07 % del PIB, frente al 1,31% de la OCDE y el 1,19% de la UE a 23. Esto en cuanto a la financiación con recursos públicos y privados conjuntamente. Por su parte, la financiación pública de las universidades no solo no ha progresado, sino que ha retrocedido, el gasto público en educación superior ha pasado del 0,68% del PIB en 2010 al 0,55% del PIB en 2019 (INE, 2022).

La financiación pública de las universidades ha retrocedido del 0,68% del PIB en 2010 al 0,55% del PIB en 2019.

La nueva reforma proyectada en 2022, de momento en compás de espera, volvía a proponer “el Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un plan de incremento del gasto público en educación para los próximos diez años que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley y la equiparación progresiva a la media de los Estados miembros de la Unión Europea” (Art 37).

Al menos la referencia ya era más precisa: igualar la media de la UE.

Esto significaría, hoy por hoy, incrementar en 1.500 millones de euros la financiación universitaria (pública y privada) y lo importante es determinar quién va a pagar esa factura.

¿Quién paga?

Parece claro que las matrículas no, al menos que el actual gobierno diese un giro copernicano a su política reciente al respecto. Es posible que la ampliación del sector privado universitaria ayude, aunque tras ampliarse decididamente en los últimos 20 años, parece que su tamaño ya se ha estabilizado y “solo” representa el 20% del conjunto del sector. Veamos, pues, qué puede suceder con la financiación de las universidades públicas.

Las competencias en universidades están transferidas a las comunidades y, por eso, el anteproyecto habla de alcanzar un acuerdo entre Estado y CC.AA., pero, como revelan varios ejemplos (Ley de Dependencia, etc.), el Estado suele legislar para que paguen las comunidades pero sin contar con su conformidad. ¿Será este un caso más? Muy probablemente.

Vamos por partes:

• Para empezar, las comunidades autónomas están pendientes de la reforma de la financiación autonómica que, al igual que la financiación universitaria, parece que nunca encuentra su momento. Esta reforma, según la inmensa mayoría de ellas, les debería aportar una financiación anual adicional de 16.000 millones de euros para paliar la insuficiencia de recursos que han venido padeciendo desde 2011. Su objetivo sería atender mínimamente las necesidades de gasto en salud, educación y dependencia, de acuerdo con el indicador de necesidad que contempla, desde 2009, el propio sistema de financiación autonómica en vigor: la población ajustada.
• Si no hay reforma de la financiación autonómica, la mayoría de ellas estarán en situación de déficit estructural cuando en 2024 se retiren los abundantes estímulos fiscales actuales y regrese, que regresará, la estabilidad presupuestaria.
• Adicionalmente, como muestra el Gráfico 1, no todas las comunidades consideran con igual grado de prioridad la política de gasto público universitario. Las de mayor renta per cápita pudieron utilizar con mayor intensidad la vía de incrementar precios de matrícula y tienen un sector privado universitario mucho más amplio, que les permite reducir su esfuerzo en términos de gasto público. Esto mismo es posible en aquellas que exportan a otras regiones una proporción mayor de alumnos universitarios. Por su parte, las de menor PIB per cápita se ven obligadas a esforzarse relativamente más, destinando mayor proporción de su renta para ofrecer similares servicios universitarios que las más ricas. En cualquier caso, como también se muestra en el gráfico, todas, salvo La Rioja, han estancado o reducido su gasto público universitario real en 2019, respecto a 2008.

Lo dicho, ningún avance en una década.

 

Gráfico 1. Evolución de la financiación autonómica en el Sistema Universitario Público Presencial. Detalle por Comunidades Autónomas. Años 2008 y 2019. Porcentaje PIB, % variación y PIB per cápita, año 2019.

Fuente: INE. La Universidad Española en Cifras. CRUE Universidades Españolas. Elaboración propia

 

En conclusión, si el Gobierno central está convencido de que el objetivo es incrementar la financiación universitaria en 1.500 millones de euros anuales, debería precisar cómo lo va a conseguir y, sobre todo, de qué parte, exactamente, va a hacerse responsable.

¿Cuál es el verdadero compromiso del Estado con la financiación universitaria?

A este respecto, siendo cierto que las comunidades autónomas son las competentes en la financiación básica anual de las universidades, nada hay que impida desplegar programas estatales de financiación al sector con objetivos específicos. Programas que contemplen incentivos para resolver las carencias y debilidades más evidentes de nuestras universidades:

1. Atracción e incorporación de talento a su staff de profesores e investigadores, venga de donde venga. Con retribuciones competitivas internacionalmente, sostenidas en el tiempo y con fondos adicionales para financiar equipamiento y colaboradores que permitan atraer investigadores punteros.
2. Atracción de alumnos internacionales de excelencia, mediante un programa de becas internacionales competitivo.
3. Programa de incentivos para favorecer la demanda de estudiantes de excelencia en las titulaciones y especialidades que oferta el mercado laboral y no encuentran egresados (STEM).
4. Programa de incentivos para favorecer la flexibilidad curricular de los estudios universitarios: asignaturas compartidas, pasarelas curriculares, ampliación de las posibilidades de configuración de los estudios por los alumnos, titulaciones conjuntas, la formación dual, los doctorados industriales, etc.
5. Incremento de los fondos estatales para investigación competitiva que impulsen la relevancia internacional y la excelencia de nuestra producción científica.
6. Incremento de los fondos estatales para promover que las empresas incorporen a su estrategia competitiva el desarrollo de la I+D y la innovación, en colaboración con las universidades.
7. Programa para impulsar la digitalización total y la aplicación intensiva de la inteligencia artificial en el ámbito universitario.

A la búsqueda de compromisos

Y me paro aquí, pero si el Estado cree de verdad en su objetivo, debe clarificar qué parte de los 1.500 millones de euros va a aportar, a qué objetivos y con qué calendario. Y díganlo sin enredar, sin confundir, sin echar balones al tejado de las comunidades autónomas, dando a entender que ya ha intentado la solución y que son las comunidades las que no quieren.

Ofrezcan certezas, adquieran compromisos propios, sin trampas.

Y una propuesta más y a coste cero. El anteproyecto de LOSU tenía 78 páginas de normas con 133 regulaciones (107 artículos, 10 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 8 disposiciones finales), ¿es esta la reforma que necesita la universidad española? Rotundamente no.

A la LRU, sin duda la ley universitaria más transformadora, le bastaron 75 disposiciones cortas, que cabían en ocho páginas de BOE.

Lo que necesita la universidad española es más autonomía, en definitiva más libertad y más capacidad para desarrollar gestión propia, con consecuencias. Exactamente como sucede en la práctica totalidad de los sistemas universitarios de referencia internacional que encabezan los rankings. Especifiquen por qué resultados van a financiar con recursos públicos a las universidades y las universidades se orientarán, ateniéndose a las consecuencias, no lo duden.

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universídad es el blog de Studia XXI, un foro crítico cuyas propuestas están encaminadas a debatir y provocar la adopción de medidas eficientes en educación superior.

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