¿Cómo afecta a los universitarios no empadronados el sobrecoste del abono transporte en la Comunidad de Madrid?

Introducción

Si hay algo que hace a Madrid especial es su carácter de metrópoli vibrante, acogedora y diversa. En los últimos años el gobierno regional ha vendido una visión de Madrid como una ciudad abierta a todos, donde cualquiera podía venir a trabajar y a estudiar en búsqueda de oportunidades: “de Madrid uno se hace, no se nace”. No obstante, hoy, con esta medida, podría parecer que las cosas han cambiado.

De la noche a la mañana, la tarjeta de transporte en Madrid se ha convertido en un lujo para miles de universitarios y trabajadores temporales que no están empadronados. Una medida que choca con el espíritu abierto y acogedor de la ciudad y amenaza con un sobrecoste de 41 millones de euros al año para los estudiantes universitarios.

La reciente medida de la Comunidad de Madrid exige ahora estar empadronado para tramitar nuevas altas y renovaciones de la Tarjeta de Transporte Público (TTP). Lo que en los despachos de la administración regional se defiende como una forma de priorizar los recursos en los contribuyentes madrileños y aplicar la Ley del Consorcio Regional de Transportes, en los campus universitarios, pisos compartidos y colegios mayores se traduce en un auténtico obstáculo para garantizar la igualdad de oportunidades y libertad individual.

Análisis de la medida

1. Todos los usuarios del transporte público son contribuyentes, estén o no empadronados

El argumento de la “prioridad regional” tiene un fallo estructural: olvida el principio de capacidad de pago y la propia naturaleza de la fiscalidad. Todos los usuarios del transporte público, empadronados o no, son contribuyentes del mismo a través del IVA e IRPF (si tiene residencia fiscal). Conviene recordar que el padrón municipal y la residencia fiscal no coinciden necesariamente. Al vincular un servicio público esencial como el transporte público al padrón, se contraviene la igualdad y universalidad que protege la Constitución (art. 14).

2. La medida es un obstáculo para la igualdad de oportunidades

El impacto va más allá de un tema jurídico: poner trabas a la movilidad es, desde mi punto de vista, una medida antiliberal y en contra de la igualdad de oportunidades. Cualquier economía desarrollada, como la economía madrileña se basa en la libertad de movimiento de los factores trabajo y capital. Desde el punto de vista de la eficiencia, es un atraco a la libertad de movimiento y potencial desarrollo económico y personal. Pensemos en los miles de estudiantes de otras provincias que pasan el año entre Madrid y lugar de origen y que prefieren seguir empadronados el mismo. Todos los trabajadores o estudiantes, independientemente de donde residan o estén empadronados están contribuyendo a la economía regional.

Generar una barrera de entrada para quienes vienen a formarse o a trabajar de forma temporal castiga a la propia economía regional.

3. La medida tiene un efecto regresivo: no afecta por igual a todos los usuarios

No solo eso, sino que desde el punto de vista de la equidad (redistribución) la medida tiene naturaleza regresiva: afecta directamente a los colectivos más vulnerables y con menor renta. Por eso son las personas con menos ingresos y posibilidades soportan el verdadero coste de la medida. Hablamos de miles de jóvenes y trabajadores que viven en pisos compartidos en el sinfín de municipios dormitorio de la Comunidad de Madrid (y, además, ubicados en las coronas tarifarias B o C) y que suelen compaginar trabajos temporales con estudios u otras actividades (ej. cuidado de niños, mayores o familiares, etc.). Precisamente esas personas son las que luego sirven las cañas en los bares, las que sostienen el ocio nocturno que tanto gusta a los madrileños, las que cuidan a nuestros mayores o las que trabajan en sectores esenciales para el funcionamiento diario de la sociedad.

Por último, exigir este requisito podría dar pie a numerosas irregularidades como el marcado ilegal del empadronamiento o los empadronamientos fantasmas.

¿Qué hacen nuestros vecinos europeos?

Por norma general en las capitales y ciudades de países vecinos, no se exige ningún requisito de empadronamiento previo para poder acceder a un abono de transporte mensual o anual. Ya sea Barcelona en España, o bien Londres, París, Roma, Milán, Berlín, etc. en el resto de los países europeos.

Otro argumento distinto son las bonificaciones asociadas a criterios específicos como renta, desempleo, edad o estudios. En estos casos, sí resulta lógico cumplir determinado criterio (ej. empadronamiento, renta, matrícula universitaria, etc.) poder acceder a dicha bonificación. Por otra parte, una política tarifaria equitativa tendría en cuenta el criterio de renta, aunque esto es otro debate distinto, con sus ventajas e inconvenientes.

Por ejemplo, en Barcelona cualquier persona puede sacarse la tarjeta T-mobilitat (incluso de forma virtual con el móvil) sin estar empadronado. Sin embargo, el empadronamiento es obligatorio para determinadas bonificaciones.

Impacto de la medida del abono transporte sobre los estudiantes universitarios en la Comunidad de Madrid

Si analizamos la distribución de los estudiantes presenciales en las universidades de la Comunidad de Madrid para el curso 2023/24, la magnitud del problema se hace evidente: prácticamente la mitad de las aulas universitarias madrileñas se conforman de estudiantes que provienen de fuera de la Comunidad de Madrid.

Fuente: Elaboración propia con estadísticas del MCIU.

¿Qué ocurre si quitáramos (con efectos retroactivos) el derecho a tener el abono joven a los estudiantes de fuera de la CAM no empadronados? Considerando un escenario donde el 90% de estudiantes extranjeros y el 80% de estudiantes de otras CC.AA. no están empadronados –asumiendo una movilidad conservadora de 2 viajes al día, durante 300 días al año, entre 2 zonas (A-B), usando la tarjeta multi de 10 viajes (7,30€)–, el sobrecoste se muestra en la tabla a continuación y no es despreciable.

Fuente: Elaboración propia con estadísticas del MCIU y tarifas del CRTM

El impacto económico (si se aplicara con efecto retroactivo) es el de un sobrecoste total de más de 41 millones de euros para el conjunto del estudiantado y de más de 330 euros por estudiante y año. Cabe mencionar que este sobrecoste apenas representa el 1,45% de los ingresos totales (públicos y privados) del CRTM en el año 2024, lo que invalidaría así el argumento recaudatorio.

Además, es importante señalar el peligroso efecto sustitución. A falta de un abono asequible, los estudiantes o trabajadores no empadronados no dejarán de moverse; optarán por alternativas de movilidad que colapsarán la red viaria: uso de vehículos particulares, servicios como Uber o Cabify, y taxis. Por ello, esta medida va en perjuicio de las políticas medioambientales y al fomento del transporte público que cualquier metrópolis querría tener.

¿Cuál es la intención de la medida?

Es cierto que la Comunidad ha dado un paso atrás y ha prometido ahora buscar acuerdos con otras regiones para salvar a los estudiantes universitarios no empadronados. Sin embargo, para los trabajadores temporales o para los daily commuters no parece haber alternativa inmediata (entre ellos pienso en las muchas personas que vienen a formarse por cortos periodos, trabajadores fijos-discontinuos, contratos temporales, y miles de casos individualizados). De hecho, miles de trabajadores que se desplazan a diario a Madrid (como es el caso de los usuarios AVE de Ciudad Real) para trabajar sostienen que también “contribuyen de forma directa al crecimiento económico, la competitividad y la generación de riqueza de la región”. El número exacto de usuarios afectados por la medida no se conoce exactamente, aunque algunos medios afirman que puede afectar hasta 200.000 usuarios.

En el caso de estudiantes universitarios, con las estadísticas disponibles y teniendo en cuenta únicamente dicho perfil de estudiante universitario extranjero (de fuera de la CAM), de aplicarse la medida de forma retroactiva, la cifra podría llegar hasta los 150.000 afectados.

Creo que algo tan básico como el poder desplazarse en una ciudad no debería depender de convenios bilaterales de última hora. Si el sistema de transporte público tiene un problema estructural de recaudación, la solución más razonable sería reformar el marco tarifario desde la raíz, no expulsar a los “no empadronados”.

Si hubiera una intención de aumentar los ingresos de los usuarios, se hubiera reformado el marco tarifario corrigiendo las rebajas implementadas en la época post-covid. Sin embargo, se ha hecho todo lo contrario: apostar por la gratuidad del abono +65 años (independientemente del nivel de renta) y mantener las bonificaciones y rebajas del sistema, todo ello con la firme intención de fomentar su uso y aumentar el número de viajeros.

Por lo tanto, ello me hace dudar, ¿Cuál es la verdadera intención de esta medida?

Reflexión a modo de cierre

En un mundo hiperconectado donde la movilidad es una necesidad básica para el desarrollo personal (ej. poder estudiar o trabajar), restringir el acceso al sistema de transporte público urbano e interurbano mediante el requisito de empadronamiento es una decisión estratégica que perjudica a gran parte de la población “en movimiento” (ej. commuters, estudiantes, trabajadores temporales o visitantes), con menos recursos (ej. trabajadores esenciales del sector servicios) o sin alternativas de movilidad (ej. sin posibilidad de tener un vehículo privado).

Estudiantes, investigadores y trabajadores temporales son actores económicos que consumen y generan riqueza, por lo que negarles una tarifa plana asequible (mensual o anual) constituye una barrera que, además, los empuja hacia alternativas de movilidad más contaminantes.

Madrid, que es una ciudad abierta y cosmopolita, corre el grave riesgo de quedarse rezagada a nivel nacional e internacional; mientras otras ciudades españolas y capitales europeas como Barcelona, Roma, Milán, Berlín o Londres facilitan la movilidad con sistemas ágiles, universales y digitales (sin soporte físico). Las barreras y limitaciones al acceso de algo tan esencial como un abono de transporte mensual es una medida perjudicial para el atractivo de una región tan importante como la de la Comunidad de Madrid.

En lugar de tomar esta medida para quienes vienen a estudiar o a trabajar de forma temporal, ¿por qué no revisar la política tarifaria? Valga de ejemplo que si los pensionistas pagasen un abono reducido en lugar de viajar gratis, se podría financiar la ampliación del Abono Joven hasta los 30 años. Eso ayudaría verdaderamente a los jóvenes a emanciparse en el complejo contexto de falta de vivienda en el que nos encontramos.