Del presidente Macron a la LOSU

Ante las universidades, un ejercicio de política

A principios del año 2022, el presidente Macron se dirigió a todos los representantes de las universidades francesas agrupados en France Universités. De su intervención se pueden extraer conclusiones relevantes para el Sistema Universitario Español (SUE).

La primera conclusión es el mismo hecho de la intervención. En España no hay precedentes de que el presidente del gobierno español se haya dirigido a la totalidad de las universidades españolas. La segunda, la expresión del convencimiento que el sistema universitario es determinante para la competitividad de la economía y el bienestar de sus ciudadanos. Esto no solo se dijo como una expresión retórica, sino cuantificando el esfuerzo presupuestario que con este objetivo ha llevado a cabo el gobierno francés. La tercera, un reconocimiento explicito de algunas de las debilidades de dicho sistema universitario; y, la cuarta y última, expresar que la gobernanza de las universidades francesas es un instrumento para resolver los desafíos a los que se enfrenta y, si no lo consigue, hay que replantarse dicha gobernanza.

El contrapunto español

El sistema de universidades públicas español es el perfecto contrapunto a la descripción anterior. En nuestro caso, el modelo de gobierno de las universidades públicas españolas no se ha visto modificado en sus elementos más distintivos desde la LRU en 1983 y las leyes universitarias posteriores. La LOSU es el último ejemplo en este sentido (ver la serie LOSU en el blog).

Durante estos cuarenta años los diferentes gobiernos no han tomado la iniciativa para proponer cambios en la gobernanza universitaria en la línea de lo que es común en los países europeos de referencia.

Todo sistema universitario público debe conciliar la legitimidad externa, que es consecuencia de la financiación mayoritariamente pública de sus presupuestos, con la legitimidad interna, que supone el compromiso de todos sus estamentos (profesorado, personal administrativo y estudiantes), en el funcionamiento de la universidad.

En España, desde la mencionada Ley de Reforma Universitaria, la ausencia de legitimidad externa no la han conseguido resolver, como ellos mismos afirman, aquellos que la deberían garantizar en primer lugar, los consejos sociales. En consecuencia, la desconfianza hacia la universidad pública impregna las decisiones de los gobiernos competentes.

Una cuestión de [des]confianza

Más allá de las declaraciones altisonantes, dicha desconfianza se expresa con hechos. Por ejemplo, los ingresos de las universidades públicas y, en particular, las transferencias que reciben de las administraciones públicas no habían alcanzado en 2021 los niveles previos a la crisis del año 2008.

Otro ejemplo en este mismo sentido es que los intentos de llevar a cabo una reforma del sistema universitario español para acercarlo a los estándares predominantes en Europa no han prosperado. Los informes elaborados por las comisiones de expertos creadas por gobiernos de todos los signos políticos, por otro lado, relativamente coincidentes en sus conclusiones, han tenido el mismo resultado: el cajón del ministerio correspondiente.

Un último ejemplo en este mismo sentido se puede ver analizando el primer borrador de la LOSU presentado por el Ministerio y el que, finalmente ha sido aprobado en el Congreso. La desaparición de fórmulas como la creación de un comité de búsqueda del Rector, un Claustro de carácter más institucional y menos representativo y una mayor capacidad del Rector en participar en el nombramiento de los decanos, son solo algunos de los ejemplos que han desaparecido de un borrador a otro. Lo que algunos han llamado “baño de realidad”.

Además, la falta de legitimidad externa y la desconfianza implícita con la que actúan los gobiernos competentes con relación a las universidades públicas también se pone de manifiesto en el exceso de regulación que impregna la gestión de las universidades públicas españolas.

No se trata de contraponer la legitimidad externa con la interna, ninguna ha de estar por encima de la otra, pero reconozcamos que en el sistema universitario público español la legitimidad interna arrolla y lo hace básicamente mediante dos instrumentos: un claustro con representantes electos de todos los estamentos de la universidad, con capacidad de pedir el cese del Rector, competencia inédita en los órganos similares de los sistemas universitarios europeos,  y un sistema de elección del rector mediante sufragio general ponderado entre, también, todos los estamentos de la universidad.

Este modelo universitario, notablemente endogámico y, también único entre los sistemas universitarios de los países europeos de referencia, está en la base de la desconfianza mencionada y a los hechos señalados me remito.

La gobernanza, un tema siempre pendiente

Las razones antedichas no son las únicas que justifican poner sobre la mesa el tema de la gobernanza universitaria. Y, además, hacerlo no precisamente en los términos que propone la LOSU.

Una de dichas razones es que el sistema universitario español se está viendo sometido a cambios radicales en su estructura entre los cuales cabe destacar el protagonismo creciente del sistema universitario privado. Desde el año 1998 no se ha creado ninguna universidad pública mientras que el número de universidades privadas ha crecido exponencialmente.

Este aumento del número de universidades privadas ha traído consigo un incremento de estudiantes en estas dos últimas décadas en dichas universidades y, por tanto, una disminución equivalente de los estudiantes de las universidades públicas. Teniendo en cuenta, según los datos disponibles, que el coste medio de seguir un curso en una universidad privada multiplica por 5 o 6 el de una universidad pública, ¿cuáles son las razones de este tsunami?

Sin duda se nos ocurrirían muchas. Pero, con toda seguridad, una destaca entre todas las posibles: la mayor flexibilidad que ofrecen las privadas para adaptarse a los cambios en el nivel de competencias que exige la sociedad y una mayor capacidad, más allá del entorno social de sus estudiantes, para facilitar la inserción laboral de sus titulados.

No se trata aquí de señalar la totalidad de los desafíos a los que se enfrenta la universidad española ni se trata de restar valor a su papel en la modernización de la sociedad española. Lo que se pretende es expresar nuestras dudas acerca de si el sistema de gobierno de las universidades públicas españolas y el reducido nivel de autonomía en el que se desenvuelven son los más adecuados para hacer frente a dichos desafíos.

En resumen

La mejor manera de defender la universidad pública es dotarla de la máxima autonomía posible, que no hay que confundir con autogestión, y de conjugar mejor la legitimidad interna con la externa.

El sistema universitario europeo nos ofrece bajo estos principios diferentes modelos de los que debería aprender la LOSU.

No hay nada que justifique, más allá de la falta de coraje para hacer frente a un debate de estas características, el mantenimiento de una “excepción española” en la manera de organizar nuestro sistema universitario en Europa.


Nota. Este texto es una versión reducida del publicado bajo el mismo título en la revista Política&Prosa, núm. 60, octubre 2023.

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Comentarios
  1. Francisco J. Martos dice: 25/01/2024 a las 14:52

    Gracias una vez más por su análisis profesor Parellada. La recientemente aprobada LOSU que, como se ha dicho, generó algunas tímidas expectativas en los anteproyectos, acabó obviando cualquier modificación en la «gobernanza universitaria» probablemente debido a presiones e influencias que, tal vez, responden en mayor medida a intereses grupales o sindicales que a un verdadero interés en la búsqueda de la excelencia de nuestras instituciones universitarias. La demostrada incapacidad de la inmensa mayoría de las universidades públicas para llevar a cabo una verdadera política de personal es tan solo otra muestra de la ineficiencia de su sistema de gobierno.
    Respecto a lo señalado en relación con el atractivo de las universidades privadas, convendría insistir en el efecto que, sobre la tasa de empleabilidad de sus egresados, tiene el nivel económico, el contexto social y las redes de influencia que en ellas se generan.


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