El acceso abierto, ¿de qué estamos hablando?

La transparencia como objetivo

Hay una corriente a favor de la apertura de la investigación (el acceso abierto), al menos la que se sufraga con dinero público. El principio filosófico en que se basa esta corriente parece poco discutible: la construcción de la ciencia es incremental; los resultados del trabajo de otros sirven para guiar los resultados futuros. Se evita explorar líneas erróneas (o poco prometedoras) y se potencia el logro cuando se construye sobre hombros de gigantes, como ya apuntaba Bernardo de Chartres, en el siglo XII.

El objetivo de la ciencia es producir conocimiento, que es un bien económico y, además, muy complejo. Las compañías son muy celosas de sus innovaciones porque con ellas serán más competitivas frente a sus rivales. Pero, cuando se financia con dinero público, el objetivo es hacer que el mundo sea un lugar mejor y, entonces, consideramos que debería compartirse. Aunque quizás no entre todo el mundo, porque los países también tienen políticas estratégicas que les hacen marcar límites a la apertura de su ciencia.

Hay también un argumento de ética de la propia investigación: los resultados deberían ser reproducibles en la medida de lo posible. Al compartir los ingredientes de la investigación (los datos, los métodos, …) avanzamos en la credibilidad de los resultados y evitamos fraudes, asegurando la transparencia para futuros desarrollos.

El problema de las revistas y el acceso abierto

En el campo que me resulta más próximo, la informática, lo habitual (aunque hay otras opciones, por supuesto) es que el trabajo de los investigadores se plasme en artículos publicados en revistas científicas o en congresos. Generalmente los artículos describen el trabajo que se hace con uno o varios conjuntos de datos a los que se aplica un método nuevo, que consigue mejores resultados que otros métodos, o bien alcanzan logros inéditos hasta el momento.

Las revistas (y en muchos casos los congresos también) se enfrentan a un cambio del “modelo de negocio”. Frente a la ola de apertura, si no pueden cobrar por leer lo que publican, han optado por cobrar por escribir. En realidad esto siempre se hizo en los congresos, porque los autores tienen que inscribirse.

Pero este cambio de modelo de negocio editorial no va acompañado de una gestión del dinero público destinado a la investigación. Habitualmente, se cubría con fondos públicos la lectura de las publicaciones científicas desde las universidades o el CSIC, usando un dinero no extraído de los exiguos fondos de subvención de la investigación. Sin embargo, si el pago por escribir se hace con el dinero del que dispone el investigador para realizar su tarea, estamos recortando las opciones que teníamos para administrar el dinero de las subvenciones.

A ello hay que sumar que en los últimos años estos fondos han ido disminuyendo sustancialmente, y que los gastos de la investigación (personal, aparatos de distinto tipo, viajes, ..) han aumentado. El resultado es que, en la practica, el acceso abierto de las publicaciones se ha convertido en un freno para la investigación. Porque, como todos sabemos, publicar sigue siendo un mandamiento para los grupos de investigación.

Incluso cabría mencionar que puede haber cierta picaresca en este contexto. Algunas revistas de reciente aparición, que publican en acceso abierto, tienen unos criterios para aceptar publicaciones más laxos que las revistas tradicionales. Se ha creado, así, un negocio para las editoriales, y el esfuerzo de los grupos se enfoca más a conseguir el dinero para publicar en estos foros que a producir una investigación de calidad. Pero esto es otra historia que debería ser contada en otro momento.

Vías de solución

Cabrían dos opciones para salir de este dilema: la primera sería prescindir de las revistas. Un dato que avalaría esta opción es que el precio de la publicación de un artículo ronda los 2500 euros frente al coste “real” que sería (según los casos) de unos 200 o 300 euros.

Esta opción se está ensayando desde iniciativas altruistas de grupos de investigadores implicados en buscar una solución. El problema es que la dedicación que requieren estas iniciativas es muy alta, y solo mientras dura el impulso inicial se puede mantener una periodicidad y un control de calidad aceptables. En el INRIA francés están construyendo un repositorio de publicaciones de la institución. Habrá que seguir el progreso de esta iniciativa.

La segunda opción consistiría en negociar con las editoriales. Si esta negociación la llevan a cabos los estados o, mejor, la Unión Europea, se podrían ajustar los precios de las publicaciones. Estos costos, para aquellos investigadores que procedan del país que negocia (o de la UE) correrían a cargo de fondos públicos. Este es el camino que están siguiendo algunos países europeos, con éxito desigual por el momento.

Las razones para pactar con las editoriales son varias: tienen experiencia, los profesionales y el prestigio. Es verdad que una labor como la revisión entre pares se les está haciendo gratis en estos momentos por parte de los investigadores, pero esto puede usarse como argumento de negociación también.

En algunos países europeos (Países Bajos, Gran Bretaña entre otros) se están haciendo informes que recomiendan acciones muy sensatas a los gobiernos, aunque esos informes, por desgracia, pasan a ocupar un lugar no urgente en la lista de prioridades y no se resuelve nada en la práctica.

También hay asociaciones que hacen manifiestos encomiables en los que se exaltan las obviedades (repetidas luego en declaraciones de responsables políticos) y finalmente resultan papel mojado.

Compartir datos

Todavía quedaría el tema de la compartición de datos y de métodos para procesarlos. Aquí los logros son aun menores. Incluso el alojamiento de los datos europeos descansa fundamentalmente en plataformas no europeas (aunque la UE tiene la intención de paliar esto con un plan recientemente anunciado).

Las colecciones de grandes volúmenes de datos con valor económico son producidas por grandes corporaciones que no están dispuestas a compartirlos, pues son su patrimonio, lo cual es lógico. Sin embargo, cuando estas compañías quieren participar en el campo científico, anuncian métodos para explotar sus datos que no permiten utilizar a los “competidores” académicos ni a otras empresas.

Por otro lado, hay que recordar que existen numerosas colecciones de datos recolectadas por entidades públicas. Este podría ser el campo de experimentación ideal para ensayar una política de datos de acceso abierto. El problema es que estos datos no siempre tienen la calidad suficiente, ya que se recolectaron por una especie de moda de digitalización sin la suficiente planificación crítica.

Conclusión

La conclusión podría ser que el acceso abierto o transparencia de la ciencia es deseable y contribuiría a un mayor desarrollo. Pero, para conseguir esto, se necesita tomar en serio a la investigación pública, y dedicar un esfuerzo de reflexión que vaya más allá de las declaraciones altisonantes y se centre verdaderamente en objetivos que contribuyan a mejorar la vida de las personas.