Financiación de las empresas a las universidades públicas: debilidades objetivas (I)

Al inicio del curso académico 2020/21, el ministro de universidades, Manuel Castells, en una entrevista en Carne cruda, recogida por Europa Press, señalaba, entre otras cuestiones, que “uno de los grandes problemas de la universidad española es que las empresas no ayudan a mantenerla” y añadía, a continuación: “las universidades deben fijar las condiciones para esos fondos, pero todo lo que las financie sin cortapisas de su independencia y autonomía lo doy por bienvenido”.

 

Antecedentes de la relación universidad-empresa

En estas declaraciones, el ministro se refiere al sistema universitario en su conjunto, universidades públicas y universidades privadas, y establece unas cautelas para que dicha financiación no pueda limitar la autonomía universitaria. La verdad, aunque bienintencionadas, tales precauciones resultan completamente innecesarias, pues, como veremos en esta serie de entradas la financiación de las empresas o de las instituciones privadas a las universidades españolas, específicamente a las públicas, es francamente escasa y, en consecuencia, incapaz de condicionar el funcionamiento de nuestras instituciones de educación superior.

Puede ayudarnos a explicar la debilidad que muestra la actual relación universidad-empresa en España, recordando algunos aspectos.

La universidad española tuvo que esperar hasta 1983 (LRU) para permitir al profesorado universitario de las universidades públicas, en ese momento casi la totalidad del existente, la capacidad para contratar actividades de I+D+i con entidades públicas y privadas;  a 1984 para que se produjera la regulación de los incentivos retributivos asociadas a ellas; a 1989 para asistir a la implantación de complementos salariales que reconocían el desempeño de la actividad investigadora del profesorado universitario; y, hasta 2018 (sí, bien entrado ya el siglo XXI) para la extensión de este reconocimiento a la actividad de transferencia de conocimiento a las empresas y a la sociedad.

Este campo de actividad universitaria, la transferencia de conocimiento y la innovación, lleva permitido en la universidad española desde 1983 y reconocido plenamente desde hace dos años, un breve periodo en unas instituciones de tradición centenaria, en las que la misión de la I+D, que ya incluía la transmisión de conocimiento, estaba incorporada por la universidad humboltdiana desde hace más de dos siglos.

Lo que en España se inició en 1983 -la transferencia de conocimiento y la innovación-, lleva incorporado por otras universidades desde hace más de dos siglos. 

En conclusión, la endeble relación de la universidad española con el tejido empresarial es consecuencia de que, de acuerdo con las leyes que regulaban su actividad, la primera ha vivido, hasta hace pocas décadas, de espaldas (o al costado) a los escasos requerimientos del sector productivo. Universidad y empresa se han comportado como vecinos que residen en el mismo edificio, el país, pero no se comunican y que, además, cuando coinciden en el zaguán se saludan con frialdad y escaso entusiasmo.

¿Debe el sector empresarial «sostener» la financiación de la universidad?

En nuestra opinión, el sector empresarial no tiene por qué contemplar en su panel de obligaciones el sostenimiento estructural de la universidad española, más allá de las actuaciones meramente filantrópicas que decida realizar.

Sin embargo, es muy relevante para el país, y para las universidades, que las empresas incorporen, o no, la investigación y la innovación como factores decisivos para mejorar y cimentar su posición competitiva en la economía global.

El gasto empresarial en I+D

Esta situación repercute también de forma directa en las opciones de las que disponen las universidades para desarrollar su actividad de I+D+i y, en nuestro caso, la escasez del gasto empresarial en I+D, explica, casi por sí sola, porque el gasto en I+D en porcentaje del PIB de las instituciones de educación superior en España se sitúa, en 2018, más de un 30% por debajo del que alcanza como media en la zona Euro.

Resulta cierto que la atomización que caracteriza al tejido empresarial español, con más de un 90% de microempresas, dificulta en extremo asumir, para un amplio sector del empresariado, la necesidad de incorporar a su estructura de gastos la inversión en intangibles.

Esto nos indica que este problema de debilidad del gasto en I+D empresarial puede convertirse en endémico de nuestro modelo de desarrollo.

En este mismo sentido, los informes que se vienen realizando acerca de la demanda de servicios de investigación por parte del tejido empresarial español resultan concluyentes. Demuestran la persistencia de la presencia de un reducido capital tecnológico en los procesos de producción y la sistemática importación de tecnología. Esta combinación hace prescindible disponer, en el corto plazo, de departamentos propios de investigación de las empresas o de contratar estos servicios con instituciones de I+D que, a priori, pudieran disponer de capacidad para poder proveérselos.

El gasto comparado en I+D de la empresa española

La información del gráfico 1 es concluyente al respecto de la financiación. Durante las últimas cuatro décadas el gasto en I+D de la empresa española se ha situado entre el 15% y el 47% del valor medio del de los países de la OCDE y desde 2008, al contrario que la totalidad de sus competidores directos, ha cambiado su tendencia ascendente para consolidar un retroceso que la coloca en el 42% de la referencia OCDE.

Gráfico 1. Gasto en I+D del sector empresarial en porcentaje del PIB. Periodo 1983 a 2018

Fuente: Main Science & Technology Indicators. OCDE 2020. Elaboración propia.

Este comportamiento, tiene una incidencia determinante en la capacidad competitiva de nuestra economía y en la debilidad de nuestro modelo productivo, lo que resulta lo más grave y preocupante.

Además, establece un terreno de juego para la actividad universitaria de investigación aplicada y transferencia de conocimiento que limita de forma efectiva tanto su amplitud como su calidad, lastrando sus posibilidades para poder situarse como universidades de investigación de referencia internacional en los rankings globales.

Conclusión sobre la financiación de las empresas a las universidades públicas

Esta es la realidad. En suma, la debilidad de la relación universidad-empresa no es atribuible a una de las partes. Ambas instituciones han hecho méritos para que resulte difícil salir de un círculo que, hasta la fecha, está lejos de ser virtuoso.

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Comentarios
  1. JM dice: 08/03/2021 a las 17:46

    La ley de incompatibilidades es una barrera adicional importante, que dificulta el cruce entre universidad y empresa y la creación de spin-offs no es sencilla. Un académico no puede poseer más del 30% de una empresa, así que si tiene una buena idea para que molestarse en desarrollarla empresarialmente.
    ¿ Se puede? Si, pero los mecanismos son difíciles, el sistema no invita en absoluto.

  2. JM dice: 08/03/2021 a las 17:53

    Perdón, quería decir superior al 10% del capital.

  3. Rafael dice: 08/03/2021 a las 19:16

    Las propias Adminitraciones publicas no recurren a la Universidad publica para sus informes, proyectos, y demas. Lo subcontratan a otros. Hay que comenzar oor ahi, unir las entidades publicas mediante colaboracion natural.

  4. […] el panorama descrito, ciertamente poco halagüeño, en la primera y segunda entregas de esta serie, sobre todo para el futuro de España como potencia económica, […]


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