La universidad invisible

“El hombre, al contrario de lo que aparenta, no se inventa objetivos, se los impone la época en que nació, puede estar a su servicio o bien rebelarse contra ellos, pero tanto el objeto de la entrega como el de la rebelión, vienen dados desde fuera”.
Stanislaw Lem.  Solaris (1961)

 

En la reciente presentación del informe 2020 de la Fundación CYD, su Vicepresidente, Francesc Solé Parellada, destacó como objeto de reflexión y estudio el hecho que el sistema universitario español, caracterizado por la rigidez de las normas que lo regulan y la limitación de los recursos de los que dispone, sea capaz de mantener la calidad del servicio que ofrece a la sociedad española y el nivel de competitividad internacional que acredita en investigación .

Construir, con una mirada crítica, a partir de estas premisas, el relato sobre el futuro de la universidad española impulsaría significativamente su imbricación en los desafíos de la sociedad. Paralelamente, esta visión de la universidad conduciría al reconocimiento efectivo, por parte de las Administraciones Públicas, de la relevancia que le corresponde en un mundo altamente dependiente del conocimiento y del aprendizaje. Asumir dicho compromiso con las universidades demanda, con urgencia, la creación de un marco jurídico riguroso, diferencial y adecuado a los retos actuales, acompañado de una dotación de recursos suficientes y previsibles, así como de un propósito compartido de contribuir al bien común.

El papel de la Universidad en la transformación de España

Nuestra reciente historia avala este relato. Basta con analizar el papel fundamental que en la transformación de la España democrática ha jugado la universidad. Sería una invitación a la irrelevancia, como país, enfrentarse a la reinvención que supone el mundo post COVID sin una implicación directa y efectiva de la universidad. “Construir de nuevo mejor”, solo es factible  desarrollando  políticas públicas audaces que tengan  capacidad de integrar a las universidades.

En la presentación del informe CYD, el Ministro de Universidades, Manuel Castell, ha anunciado que 500 millones de euros procedentes del programa NextGenerationEU. tendrán como destinatarias a las universidades españolas. Este mismo año, el Presidente del Gobierno anunció un plan para el sector audiovisual a cargo de estos fondos europeos, ‘España, Hub Audiovisual de Europa’, que tendrá una dotación presupuestaria tres veces superior. En la misma  línea, el sector de la automoción dispondrá de una ayuda de 10.000 millones de euros.

Hacer sostenible el bienestar futuro de la población demandará un proyecto compartido,  con unos ciudadanos responsabilizados de su aprendizaje, y una economía basada en la producción que aúne capacidad de liderazgo global, conocimiento y aprendizaje.

Las universidades son las únicas instituciones que reúnen las capacidades adecuadas para impulsar y soportar la transformación que necesitamos, en especial, si aspiramos a un cambio justo. Ignorarlas implicaría despreciar el bien común y un desatino injustificado.

Una apuesta para el futuro

En este sentido, merece la pena seguir la pista de la propuesta de la CRUE “Transformar los campus para transformar la sociedad” que tiene como finalidad vincular las universidades a los fondos gestionados por los ministerios para dar respuesta a los grandes desafíos planteados por el programa europeo NextGenerationEU.

En la transformación del modelo productivo y de convivencia que pretende la estrategia “España 2050”, las universidades se han ganado el derecho a convertirse en laboratorios del diseño y la ejecución de las políticas públicas que pretenden impulsar la economía y la sociedad en el siglo XXI.

Sin embargo, cuando más necesitamos a la universidad, más nos encontramos con una institución exhausta, económica y moralmente, y fuera de la agenda de los grandes temas de Estado. Una institución que dispersa una buena parte de su energía en debates internos, sin fijarse una ambición real. Un sistema universitario amenazado por la entropía, tanto en la vida departamental, como en la relación entre universidades y entre cada uno de sus subsistemas autonómicos. Una universidad sin un proyecto de Estado que la incardine en la sociedad.

El sistema universitario requiere un nuevo impulso para salir de la situación crítica en la que se encuentra, a través de un propósito común que lo vertebre e identifique. Y lo necesita tanto como la sociedad española necesita a una universidad crítica, equitativa y creativa, que evite que la incertidumbre que nos gobierna justifique la imposición de decisiones contrarias al bien común.

Los retos de la institución universitaria

La ley de Reforma Universitaria de 1983 y la ley de la Ciencia de 1986 respondieron a un programa de modernización del Estado para el que era esencial acercar el servicio público universitario a los estándares de las democracias occidentales. Las universidades y la ciencia eran reconocidas y tratadas como un elemento crítico en el proceso de creación de un Estado social y democrático de derecho. Objetivo que, salvo el pecado original del clientelismo de la universidad franquista, y pese a las disfunciones propias del sistema, puede considerarse cumplido.

Pasados casi cuarenta años, los retos constitucionales siguen vigentes, pese a que el entorno y la realidad de España han cambiado de manera radical. Recordamos la fallida ley de 2011 de la Ciencia y la Innovación, de las reformas de la LRU por la LOU, en 2001, y de su posterior modificación en 2007 (que han mantenido el modelo organizativo y programático previo).

El sistema universitario español necesita un impulso político acorde con los desafíos actuales.

La mayoría de los sistemas universitarios de los países de la OCDE se están enfrentando al reto de rediseñar su organización y su relación con el entorno en una reflexión que parte de asumir, por un lado, la contingencia de la institución universitaria, teniendo presente tanto su irrelevancia en momentos históricos tan decisivos, como la revolución científica o la difusión de la Ilustración, como  las amenazas de la actual globalización. Por lo tanto, plenamente conscientes de las estrategias de disrupción del neoliberalismo en un servicio con la importancia económica y social de la educación superior.

La universidad como motor de desarrollo social

Hay que tener en cuenta la necesidad de disponer, en el marco de la sociedad del aprendizaje, de instituciones que posibiliten el acceso democrático al conocimiento y el aprendizaje, además de que garanticen una ciencia abierta y ética de acuerdo con los contextos sociales, culturales y económicos de cada comunidad. En definitiva, la reivindicación de la plena vigencia de los valores constitutivos de la universidad.

Los universitarios, las empresas y la sociedad civil española son parte activa e interesada en el debate global sobre el futuro de la universidad. Espacios como el “Global education forum”, “EnlightEd”, “Los futuros de la educación superior”, “El observatorio del sistema universitario” o “Studia XXI” liderados por universidades españolas indagan sobre los nuevos paradigmas de la relación entre universidad y sociedad. Nuevos paradigmas que demandan nuevos criterios organizativos y sistemas de financiación.

En este sentido, hay que recordar que desde el año 2010, con la “non nata” “Estrategia Universidad 2015” y los fallidos “campus de excelencia”, no ha habido por parte del Estado una propuesta que integre a las universidades en una visión de futuro. Sin un proyecto compartido que confiera sentido a las universidades en la sociedad, los acuerdos orgánicos que se pudieran alcanzar con los representantes institucionales no tendrán más valor que el de mantener el status quo, y en último término, contribuir a alejar la universidad de la sociedad.

Reglamentos administrativos como política universitaria

En la última década, la política universitaria se ha llevado a cabo a través de reglamentos administrativos, que comparten una visión intervencionista, ajustada a criterios meramente organizativos. Propuestas formales que eluden los temas esenciales, salvo excepciones como el Estatuto del Estudiante Universitario, elaboradas con un rigor  técnico  con frecuencia cuestionable.

Durante este periodo, el relato público sobre la universidad se ha centrado en temas como la endogamia del profesorado, los rankings internacionales, la elección del Rector, la inadaptación de la oferta al mercado o los precios públicos. Un debate tensionado por intereses partidistas, que tiende a responsabilizar a los universitarios de las consecuencias, no siempre bien valoradas, de un marco agotado.

En esta situación de confusión, las Administraciones autonómicas han tendido a tratar a las universidades como entidades extrañas, cuando no, con desconfianza por su autonomía. Las Comunidades Autónomas, dentro de sus condicionantes de recursos y de ideología de sus gobernantes no han considerado prioritario atender en los momentos de crisis, y lo que es más triste, con posterioridad la suficiencia presupuestaria.

Entre 2008 y 2020 España registró un decrecimiento, en términos reales del 20,1%, de los fondos públicos destinados a las instituciones públicas de educación superior.

Asimismo tampoco han considerado necesario atender el equilibrio en la financiación pública por estudiantes, (la URJC recibe menos de una quinta parte de lo que recibe la UPV de Valencia por alumno y menos de la mitad de la siguiente, la UdG) o la precariedad, cuando no la manifiesta ilegalidad, (el 69% de las universidades públicas y el 91% de las privadas incumplen los criterios de personal de la LOU, especialmente en Cataluña y Madrid), en lo relativo a la situación del personal docente que mantiene la prestación del servicio público educativo.

La ausencia de autonomía

Las respuestas de las Administraciones autonómicas se han caracterizado por un creciente intervencionismo, en sintonía con la prolija normativa del Estado, tendente a cuestionar elementos esenciales de la autonomía. Y lo hace, tanto a través de procedimientos burocráticos de control, como por la actuación de actores externos, fundamentalmente las agencias de calidad. Frente a la expresión de esta desconfianza, llama la atención la incapacidad de estas administraciones para establecer programaciones para sus respectivos sistemas universitarios que recojan sus compromisos con el desarrollo de sus regiones.

No podemos olvidar que sin autonomía la universidad pierde su razón de ser. La universidad lo es en tanto es autónoma. Considerar la libertad académica como una amenaza, o tratar a las universidades como enemigos políticos es, en esencia, negar la democracia. Parafraseando al poeta brasileño Luiz Ruffato bien podríamos decir que “para determinados políticos la crisis de la universidad deja de ser una crisis para convertirse en un proyecto”.

Un diálogo abierto sobre la universidad

Como ha dejado claro la Unión Europea en el Plan de Recuperación para Europa, ha llegado el momento de la verdad para las políticas públicas. Los responsables deben asumir los riesgos de plantear un proceso transparente que habilite un diálogo abierto sobre la universidad que queremos. Es importante huir de las tentaciones que conducen a las administraciones a convertir los procesos de participación en un ejercicio de simulación. Cuando no a usar su invocación para la desmovilización o para el encubrimiento de decisiones predeterminadas, o negociadas por unos pocos.

Ninguna otra organización puede ofrecer la riqueza que atesora la universidad para contribuir, a través de un diálogo sincero, a un proyecto común.

Sin escuchar, sin promover un cambio en las relaciones actuales, y encontrar entre los afectados lo que realmente se puede hacer, hoy y aquí, para mejorar el servicio universitario, no podremos identificar las preguntas y menos las propuestas que necesitamos.

Nos jugamos mucho en el reto de hacer visible la universidad en la sociedad, y hacer presente la sociedad en la universidad. Como señala Antonio Lafuente, ”tendemos a apreciar sólo lo que sabemos medir, no dedicamos tiempo e inteligencia a medir lo que apreciamos o deberíamos apreciar. Las consecuencias son múltiples, aunque la más obvia parece clara: invisibilizamos la mayor parte del trabajo que hace un académico”.