El profesorado asociado y la precarización de la universidad pública española
Uno de los indicadores más claros de degradación del sistema universitario público español es la grave precarización laboral del profesorado, vinculada al espectacular crecimiento que se ha producido a lo largo de los últimos cursos en el número de profesoras y profesores asociados, es decir, contratados con carácter temporal y a tiempo parcial por sueldos muy bajos. En un informe reciente del Observatorio del Sistema Universitario analizamos la situación actual y la evolución reciente de este colectivo. Esta entrada está inspirada por ese informe y basada en los datos publicados allí.
La figura de profesorado asociado fue creada por la Ley de Reforma Universitaria en 1983. Su objetivo era el de incorporar a la universidad a profesionales reconocidos de diferentes campos, que aportaran su experiencia profesional a la formación de los estudiantes. Se trataba, por lo tanto, de una figura relativamente excepcional, pensada, por ejemplo, para asignaturas en las que fueran importantes las competencias profesionales. Así lo reflejaba el límite que la LRU establecía para su utilización, ya que el profesorado asociado no debía superar el 20% del total de profesorado funcionario en cada universidad (el 30% en las universidades politécnicas).
La figura se ha mantenido vigente hasta la actualidad, aunque los límites a su utilización fueron eliminados por la LOU, que los sustituyó por un límite máximo genérico para el profesorado temporal de las universidades, que no podía superar el 40% del total.
Evolución del profesorado asociado de las universidades públicas españolas
La idea del profesional que se incorpora a la universidad para transmitir las competencias asociadas a su profesión es excelente y necesaria. El problema es el uso que se ha acabado haciendo de esa figura contractual.
Como puede verse en el gráfico, en el curso 2018-19 (último para el que hay datos) había más de 25.000 profesoras y profesores asociados en el sistema de universidades públicas españolas. Excluimos de esta cifra los 8.873 asociados y asociadas de Ciencias de la Salud, que tienen características propias y son habitualmente clasificados como una categoría aparte. Eso representaba aproximadamente el 25% del total del personal docente e investigador.
Estancamiento del profesorado a tiempo completo en beneficio del profesorado asociado
Lo que impresiona no son sólo las cifras globales sino el hecho de que tan sólo cinco cursos atrás, en el 2013-14, después de unos años de recortes y despidos debido a la crisis, el total de asociadas y asociados era de 19.925. Es decir, en 5 años se produjo un aumento del 25,6% en el tamaño del colectivo. En contraste, durante esos 5 años el resto del profesorado se mantuvo totalmente estancado. De hecho, todavía en 2018-19 el número de profesoras y profesores no asociados de las universidades públicas españolas era ligeramente inferior al de 2013-14 y estaba un 4% por debajo de su nivel en 2009-10.
Ello parecería indicar que en el sistema universitario español se ha ido produciendo una sustitución gradual de profesorado a tiempo completo (que permanece estancado) por profesorado temporal a tiempo parcial (que crece a buen ritmo). Por otro lado, el espectacular crecimiento del profesorado asociado explica por qué, desde 2014-15, el conjunto de las universidades públicas españolas ha incumplido sistemáticamente (sin que ello tenga ninguna consecuencia) el límite establecido por la LOU de un máximo del 40% de profesorado contratado temporal. En 2018-19 ese porcentaje ya alcanzaba el 47%, y la inmensa mayoría de los nuevos profesores y profesoras temporales contratados en los cursos anteriores eran asociados.
Una realidad marcada por la heterogeneidad
Todo lo anterior son promedios del conjunto del sistema. Si bajamos al nivel de las Comunidades Autónomas, las universidades y las ramas de conocimiento lo que destaca es la heterogeneidad. Entre las Comunidades Autónomas, nos encontramos con algunas, como el País Vasco, donde el profesorado asociado estaba en 2018-19 por debajo del 10% del profesorado total. En el otro extremo, el colectivo superaba el 40% del total en Navarra y alcanzaba el 44,2% en Cataluña. Como consecuencia, las universidades públicas catalanas albergaban en ese curso el 30% de los profesores asociados del conjunto de España.
La misma heterogeneidad se observa a nivel de las universidades, desde el mínimo de la Universidad de Jaén (5,5%) hasta las impresionantes cifras de algunas universidades catalanas, como la Pompeu Fabra (49,5%) o, a mucha distancia del resto, la Rovira i Virgili (58,7%). La Universidad de Barcelona, aunque con un porcentaje algo más bajo (43,9%) destaca, debido a sus dimensiones, en términos absolutos: casi el 10% de los profesores y profesoras asociadas de España estaban en 2018-19 en esta universidad.
Por ramas de conocimiento, se observa una enorme diferencia entre lo que ocurre en los departamentos de Ciencias, donde los asociados y asociadas representan en torno al 9% del profesorado, y los de Ciencias Sociales y Jurídicas, donde están en torno al 32%. Dado que esta última rama es la de mayores dimensiones del sistema, eso significa que el 43% del colectivo está en departamentos de Ciencias Sociales y Jurídicas. Así, si queremos entender las dimensiones que puede alcanzar el uso de esta figura y la precarización laboral asociada a la misma, basta con entrar a las páginas webs de algunos departamentos del área de Educación de las universidades catalanas donde, en ocasiones, se puede ver que alrededor del 80% del personal docente e investigador son profesoras y profesores asociados.
Todo lo anterior nos lleva a subrayar la importancia de no generalizar. En muchas comunidades autónomas, universidades y departamentos se está haciendo una utilización muy moderada de la figura contractual, limitándola posiblemente a aquellos casos en que está justificada la incorporación de un profesional experimentado a la docencia de determinadas asignaturas. En cambio, en otras comunidades autónomas, universidades y departamentos, la figura de profesorado asociado se ha convertido en la forma habitual de contratar profesorado, con el objetivo de cubrir todo tipo de necesidades docentes, tengan o no que ver con la experiencia profesional de los contratados.
Como consecuencia, muchos profesores y profesoras que están iniciando su carrera académica no tienen otra opción que aceptar este tipo de contratos temporales y a tiempo parcial, que encadenan año tras año con la esperanza de que en algún momento surja la oportunidad de presentarse a un puesto académico menos precario. Así se explica, por ejemplo, que el perfil de profesorado asociado sea en muchos casos el de un doctor o doctora de mucha menor edad que el resto del profesorado. Lo que no tendría sentido si se tratara de profesionales de experiencia reconocida sin voluntad de hacer carrera académica.
Causas y soluciones
Ese proceso de precarización gradual no es exclusivo de las (o de algunas) universidades públicas españolas, sino que se observa en muchos países de nuestro entorno y también en las universidades privadas. En el caso del sistema universitario público español, sus causas son múltiples. Pero la principal tiene que ver sin duda con los problemas de financiación derivados de la crisis de 2008 y con la rigurosa tasa de reposición establecida desde entonces y que aún no se ha eliminado.
En un contexto en que, en muchos casos, la financiación pública no ha recuperado los niveles de antes de la crisis, para muchas universidades la contratación de profesorado asociado se convierte en la única posibilidad para cubrir las obligaciones docentes. Ello tiene lugar a costa, evidentemente, de las condiciones laborales del profesorado y de la propia calidad de la investigación y de la docencia de los centros. Estos pasan a depender en buena medida de un personal precario, mal pagado, y que debe repartir su jornada laboral entre diversos trabajos.
La reforma de la LOU y el Estatuto del PDI
El actual Ministerio de Universidades parece ser consciente del problema, y en las propuestas que se han hecho públicas de reforma de la LOU y de Estatuto del Personal Docente e Investigador se incluyen medidas dirigidas a solucionarlo. No obstante, cualquier cambio normativo será probablemente inútil, o tendrá consecuencias indeseadas, si no va acompañado de una mejora en la financiación de las universidades y una eliminación de la tasa de reposición.
Reducir el número máximo de horas de clase que pueden impartir los profesores y profesoras asociadas, como se prevé en estas propuestas, constituye un castigo injustificado para los “auténticos” profesores y profesoras asociadas, cuya docencia sí responde al espíritu con que se creó la figura contractual. Y si la medida no va acompañada de mayores recursos, puede acabar traduciéndose en una fragmentación de los contratos existentes, aumentando aún más la precarización del colectivo. O, alternativamente, en un aumento de la carga docente del resto del profesorado, que dificulte aún más su dedicación a la investigación.
Por ello, mientras desde las administraciones no se reconozca que el origen del problema está en los recortes presupuestarios que han sufrido desde la crisis las universidades, los cambios normativos serán probablemente inútiles.
Excelente artículo, que pone de manifiesto lo que todos ya sabemos: la precarización del profesorado universitario en España es una realidad que sobrepasa lo legal y lo moral. Hoy, intentar hacer carrera académica en España es una temeridad, y aboca irremediablemente a una vida laboral cargada de muchísima incertidumbre (y eso que reúne al colectivo con niveles formativos más altos).
Aquí se confunden muchas situaciones. Tener un elevado porcentaje de profesionales impartiendo su visión en la universidad, incluso un 20 o 30% no es negativo. Este tipo de docente no es personal investigador, no tiene formación para ello, y la visión que aportan suele ser mas práctica y menos profunda. A menudo, su trabajo es supervisado por académicos en asignaturas coordinadas donde se les proveen los materiales docentes. Esta situación es completamente distinta de la de un investigador (doctor con o sin acreditación), que ejerce de asociado. En algunos casos son personas que están desarrollando su curriculum, para luego tener acceso a plazas mejores, debido a la falta de flexibilidad en la contratación, y la falta de presupuesto. En otros casos, son doctores que nunca desarrollaron una carrera investigadora sólida. Puede discutirse su situación, pero la consolidación automática de estos perfiles no es en absoluto saludable para el desarrollo de una universidad potente.
Muy interesante pero sigue obviando a los mas perjudicados: los acreditados que no hemos podido acceder a la carrera docente por el fraude de los asociados. Las asignaturas que han impartido (1 y 2 ciclo) eran para acreditados, sobre todo profesores ayudantes doctores. Sin esa docencia resulta imposible competir con los asociados que después se doctoran y se presentan a las plazas de esa categoría, ayudante doctor. Han generado unos puntos de docencia de forma irregular (permitido por la Universidad, la CRUE y la Aneca, pero irregulares) desde la precarización. Los que escogimos no precarizarnos, seguir trabajando en nuestros campos de investigación confiando en que eso nos daría alguna ventaja, estando ya doctorados y acreditados, nos encontramos con que no sirve de NADA. Porque los puntos de docencia se los llevan los falsos asociados.
La CRUE y las universidades han amparado un fraude que desperdicia a miles de doctores acreditados en todas las ramas y que ya no podremos acceder a la carrera docente por el inmenso tapón que se va a generar. Porque los asociado tienen derechos y los van a defender, en eso no hay discusión. Pero en el camino nos quedaremos los que, en teoría, teníamos que haber dado esas clases de 1 y 2 ciclo, los que estábamos preparados para eso, porque el sistema así lo exigía, pero solo de cara a la galería. Todo por ahorrar un dinero que ya se había invertido en nuestra formación y que podía volver a la docencia.
UN DESASTRE. UN DESPERDICIO, UNA INMENSA CORRUPCIÓN
Se escuchan protestas por la existencia de asociados doctores; el comentario anterior sugiere que los asociados «Han generado unos puntos de docencia de forma irregular». No veo el motivo por el que esta experiencia docente no deba ser tenida en cuenta, ni tampoco porqué es irregular. Lo ideal es que las universidades tuvieran mas flexibilidad para ofrecer mejores contratos a los jóvenes doctores que comienzan su carrera, y les pudieran ofrecer mejores salarios que los de profesor asociado. Pero esto no cambia el fondo del asunto: alguien que comienza su carrera académica debe tener opción a un contrato tenure track con un salario digno, una carga docente apropiada, y estar bajo examen durante 5-6 años, tras los cuales se le consolida o se le expulsa según su rendimiento investigador y docente. Esta es la base de un buen departamento en cualquier país del mundo. El formato de asociado falla en el salario principalmente. Hacen falta mas figuras, pero existe la opción de contrato de profesor visitante que puede ser usado para estos fines y muchas universidades lo hacen así.
Oigo mucho lamento corporativo de quienes consiguieron una acreditación y nadie les quiere en su plantilla. Hay que recordar que las acreditaciones son mínimos, y muchos departamentos establecen requisitos más estrictos. Los buenos académicos tienen movilidad internacional, se les contrataría en medio mundo, y no veo que se desperdicie nada. Los que dicen haberse quedado por el camino, en realidad nunca lo empezaron. Probablemente esa es la razón por la que no se les contrata en plazas permanentes.
[…] esta innovación en la carrera profesional puede añadirse el loable intento de hacer que la figura del profesor asociado quede reservada para profesionales que, a tiempo parcial, colaboran en las tareas […]