Señales de recuperación económica, es la hora de acordar el modelo de financiación universitaria (III)

Hacia un modelo de financiación para las universidades públicas (segunda parte)

La urgencia inaplazable de disponer de un modelo marco de financiación universitaria queda en evidencia al analizar el comportamiento productivo y financiero que han mantenido en los años 2002 a 2013 las universidades públicas españolas.

Los datos suministrados por la publicación La Universidad Española en cifras, elaborada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas(CRUE), han sido los que se han utilizado para realizar las presentaciones gráficas que a continuación se muestran como el resultado de la agregación de los registros anuales correspondientes a los cursos académicos 2002/03; 2004/05; 2006/07; 2008/09; 2010/11; 2012/13 y 2013/14, para los que, a su vez, se ha calculado la media del periodo con el objeto de reducir la estacionalidad y, a la vez, dotar de mayor estabilidad a los indicadores de actividad y de resultados que se relacionan con el esfuerzo inversor realizado por las distintas administraciones autonómicas para con sus universidades.

Los gráficos 2 y 3, muestran la posición de cada universidad en las diferentes cuadrículas que se conforman al considerar en el eje de ordenadas el esfuerzo financiero público (medido como agregación de las transferencias corrientes y de capital de la comunidad autónoma a la universidad) y en el eje de abscisas los alumnos matriculados en centros públicos propios (contabilizados los de enseñanzas de ciclo/grado, máster y doctorado) y los alumnos egresados en las enseñanzas de ciclo/grado. Las diferencias existentes en el tamaño de las universidades hacen que sea necesario expresar los valores representativos del esfuerzo financiero y de la actividad y resultados docentes en términos relativos mediante indicadores que permitan su equiparación, siendo las variables utilizadas los alumnos matriculados y el PDI, equivalente a tiempo completo. Los datos distintivos de cada universidad para su ubicación en las diferentes cuadrículas de los gráficos se expresan en valores relativos con los registros identificativos del conjunto del Sistema que son, en el gráfico 2, 4.818 euros de esfuerzo financiero público por alumno y 14,88 alumnos matriculados por PDI (Equivalente a Tiempo Completo o ETC), y para el gráfico 3, de resultados docentes, el valor agregado medio del Sistema es de 1,99 egresados de las enseñanzas de ciclo/grado por PDI (ETC).

Es esta una aproximación útil para nuestro análisis, pero necesariamente general, pues no considera la experimentalidad de los estudios ni la composición de la cualificación de las plantillas que conllevan mayores costes y en, consecuencia, mayor necesidad de financiación. Es el caso de las universidades especializadas, como sucede con las politécnicas. También influye en el valor del indicador de resultados académicos  el denominador, señalando que hay ramas de enseñanza donde el rendimiento académico es menor, como el de las carreras técnicas, que han registrado históricamente un mayor nivel de dificultad para los alumnos de menor nota de acceso.

Los gráficos 4 y 5, ofrecen las posiciones que ocupan cada universidad al considerar el esfuerzo financiero público por PDI (ETC) y la actividad investigadora del PDI (ETC), expresada según su nivel de ingresos y los resultados de la investigación identificados con el coeficiente de sexenios concedidos sobre potenciales del PDI (funcionario). Los valores que reconocen la posición del Sistema para las variables representativas del  esfuerzo inversor público y del desempeño investigador del profesorado son, en  el gráfico 4, 71.515,44 euros y 13.071 euros respectivamente, y, para el gráfico 5, de 59,94 por 100 por PDI (funcionario) en su productividad expresada en sexenios concedidos sobre potenciales por evaluación de su actividad investigadora.

Obviamente, la utilidad de estos indicadores también es limitada, ya que no recogen toda la amplitud  de la actividad de I+D+i: artículos científicos, nivel de impacto, patentes registradas y licenciadas; ni tampoco muestra, en el caso de los sexenios, los resultados del conjunto de las plantillas universitarias.

En un análisis de correlación que considere las variables representativas de la actividad y las de los resultados docentes con capacidad explicativa del nivel de esfuerzo financiero público,  las posiciones que deberían ocupar las universidades se situarían en las cuadrículas A y C, según sentido de las agujas de reloj, que estarían expresando que la suficiencia financiera de una universidad  dependería del nivel de actividad desarrollado: actividad superior a  índice 100 financiación superior a índice 100  (gráfico 2/A); actividad inferior a índice 100 financiación inferior a índice 100 (gráfico 2/C), siendo la bisectriz la línea que marca la posición de equilibrio en la relación existente entre la variable explicativa (eje de abscisas) y la variable explicada (eje de ordenadas).

Los resultados obtenidos del análisis de los registros financieros y productivos de las universidades públicas que se muestran en los gráficos, nos permiten formular un primer bloque de consideraciones:

1. Las universidades que están localizadas en las cuadrículas correspondientes a la identificación de correlación son, en todos los casos, minoritarias, 16 sobre un total de 47 para el ámbito de la enseñanza y 20/21 sobre un total de 47/44 para los indicadores específicos de la actividad investigadora
2. Son mayoría las universidades que se localizan en posiciones que muestran un mayor nivel de financiación para el desempeño que realizan (cuadrícula D), con lo que denotan  una especialización acusada o un menor rendimiento en relación con la media del Sistema; o bien están situadas en la cuadrícula inferior derecha (B) que corresponden a posiciones donde la actividad y el resultado alcanzado exceden a la financiación asignada, señalando niveles de productividad superiores a la media del Sistema.
3. En ambas situaciones, la conclusión es idéntica y se concreta en que el proceso de asignación de financiación que se ha venido realizando en todos estos años no ha favorecido una asignación de recursos coherente con la especialización productiva y los resultados (cuadrícula D) y, por el contrario,  ha tolerado déficits estructurales relativos de financiación (cuadrícula B). Hechos, éstos, que son el  fruto tanto de la escasa, o nula, presencia que han tenido las variables representativas de la actividad y de los resultados docentes e investigadores en los mecanismos de reparto de la financiación autonómica, como de la ausencia de un proceso diferenciado de asignación de financiación por ámbitos funcionales dado, en todo momento, la prevalencia de las necesidades docentes como criterio justificativo de recursos.

Un segundo bloque de consideraciones, nos viene dado al observar cómo para cada ámbito funcional -enseñanza e investigación- los niveles extremos de dispersión que registran las universidades en sus diferentes localizaciones en relación con los valores medios del Sistema, resultan mayores para los parámetros identificativos de la actividad docente e investigadora que para los específicos de los resultados docentes e investigadores, respectivamente.

Igualmente, se aprecia cómo la presencia de un mayor nivel relativo de financiación no es la consecuencia de un mayor índice de actividad, ni tampoco la prevalencia financiera provoca unos resultados que excedan a los alcanzados a nivel de Sistema,  lo que viene  a indicar que la mayor/menor disponibilidad de recursos no garantiza necesariamente la consecución de mejores/peores resultados.

También, son notorias las diferencias de ubicación de las universidades al considerar los valores que registran para la actividad docente, con un número prácticamente coincidente entre las instituciones que muestran un mayor/menor  índice de actividad sobre los valores del Sistema (24/23), frente a las posiciones del ámbito de la investigación donde sólo 16 de las 47 universidades están ubicadas en las cuadrículas (A/B), que distinguen a las instituciones con un perfil más investigador. Sin embargo, estas referencias se ven modificadas al considerar las localizaciones de las universidades atendiendo a los resultados de la investigación que aumentan notablemente hasta alcanzar un total de 26 sobre 44 universidades  en posiciones que superan los valores medios del Sistema. En mi opinión, esto es consecuencia tanto de la diferenciación que existe en el colectivo de profesorado que se utiliza para medir la actividad investigadora PDI (ETC), y el profesorado con potencialidad de acceder a los sexenios PDI (funcionario), que son los que captan la mayoría de la financiación destinada a la investigación, como por el hecho de que un colectivo importante de PDI (funcionario) pertenece a áreas de conocimiento que para su desempeño investigador demandan un bajo nivel de financiación , siendo los resultados de la investigación objeto de evaluación con elevados índices de éxito (ramas de Humanidades; Jurídicas y Ciencias de la Educación).

Por último, resulta interesante observar como determinadas universidades cambian de cuadrícula al considerar tanto los registros correspondientes a la actividad y resultados de los ámbitos de la enseñanza/investigación (UPVA; UPV; UPF/UPCT; UPN; UAM), como al examinar las posiciones que ocupan en función de que consideremos los valores distintivos de la actividad /resultados docentes y los representativos de la actividad/resultados de la investigación (UPF; UDL; URV; / UJA; UIB; UMU). Estas situaciones, vienen a reforzar la necesidad de contemplar en los modelos de financiación universitaria de manera conjunta las variables relativas a la actividad y resultados y de manera diferenciada el desempeño docente y el investigador.

La pertinencia de disponer de un modelo marco de financiación que asegure unos niveles  mínimos equiparables para la provisión de los servicios universitarios en todo el territorio nacional ha de ser si no la principal, sí una de las principales prioridades que, en materia de política universitaria, deberá abordar el Gobierno que resulte elegido en las próximas elecciones generales del 20 de diciembre.

La observación de los programas electorales de los partidos políticos con expectativas razonables de poder formar y/o participar en el  gobierno -Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Partido Popular (PP),  Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos)-, en el apartado de Universidades, puede, a priori,  resultar tranquilizadora ya que todos ellos manifiestan la necesidad de abordar, de manera prioritaria, la problemática de la financiación, fijando, a excepción del PP, el umbral de referencia que debe alcanzar en las próximas legislaturas la financiación universitaria en el marco de los objetivos de la Sociedad del Conocimiento y que la Unión Europea ha cifrado en invertir el 3% del PIB. Comparten, igualmente, la necesidad de que la financiación sea asignada atendiendo al desempeño de las actividades universitarias y de los resultados alcanzados por cada universidad, buscando mejorar la especialización, la integración con la sociedad de su entorno y  la internacionalización, por la vía de potenciar la captación y la  movilidad de estudiantes y profesores. Sin embargo, solamente el PSOE, recoge en sus propuestas definir un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que sea transparente, que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia , que asegure la equidad y genere estímulos consistentes para la mejora de los resultados y de la calidad institucional.

Los responsables institucionales, para poder rendir cuentas con eficacia de sus actuaciones, deben reclamar la presencia de un  modelo marco de financiación universitaria que acabe con las disparidades financieras que hoy predominan en nuestras instituciones.

No pueden encontrarse argumentos objetivos que justifiquen dichas disparidades y sus gestores deben, igualmente, replicar en sus organizaciones para las diferentes unidades académicas -departamentos, centros e institutos de investigación-, los criterios que se han aplicado para determinar el montante global de la financiación pública universitaria, señalando las diferencias de productividad que la actual opacidad está ocultando.

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*Esta anotación es la tercera que nuestro editor, Juan Hernández Armenteros, dedica a la financiación de las universidades públicas. Para leer la anterior, publicada el 15 de diciembre, pincha aquí  y aquí para la segunda de la serie, publicada el 16 de diciembre.