Análisis de la futura ley universitaria de Madrid: ¿Públicas vs. Privadas? (Parte 2)
*Puedes leer la primera parte de este artículo aquí.
Propuestas para la futura ley universitaria
Llegando a las propuestas, lo anterior no debe llevar a concluir que la coexistencia entre públicas y privadas es un juego de suma cero (lo que gana uno lo pierde el otro), aunque sí lo es en alguno de sus componentes.
Sobre la financiación de la ley
En términos de financiación, se considera que la estructural proveniente de la subvención directa proveniente de los presupuestos generales de la Comunidad sí debe seguir destinándose sólo a las públicas tanto por razones de eficiencia del gasto, como de calidad y de equidad, e incluso debe aumentarse al menos para recuperar los recortes de los últimos quince años.
Un mecanismo tipo “cheque universitario” vendría a convertir a las privadas en “concertadas” (pero en un modelo mucho más desregulado que el escolar) y supondría en la práctica ahogar financieramente a las públicas. Sí que debe sin embargo apoyarse la transición de las privadas a una apuesta por la investigación aumentando los fondos competitivos de I+D de manera que el conjunto de las universidades madrileñas sean una fuerza tractora más importante de la innovación en el tejido empresarial.
Sobre la regulación de la ley
Además de lo presupuestario, la otra palanca clave que puede utilizar la Comunidad de Madrid es la regulatoria. Varias de las últimas privadas creadas tienen unas dotaciones inmobiliarias y una interdisciplinaridad muy escasas que, además de la competencia a la baja que suponen, pueden llegar a perjudicar la imagen del conjunto del sistema universitario madrileño.
Hasta hace diez años este se caracterizaba porque todos los centros públicos y privados ofrecían a sus alumnos campus dignos de ese nombre y la riqueza humana y académica de un abanico suficientemente amplio de carreras.
La Comunidad de Madrid debería aprovechar la ley para enmendar ciertas de sus aperturas poco exigentes de los últimos tiempos, con un periodo de transición de pocos años en que deberían cerrar quienes no llegaran a un umbral sin el que es imposible competir en calidad.
La necesidad de apostar por la investigación
Además, y ayudando con el citado crecimiento de los presupuestos para I+D, la Comunidad de Madrid también debería fijar legalmente el objetivo de que para 2035 cualquier centro universitario para mantener su autorización para seguir operando dedique a investigación al menos el 15% de su presupuesto. Los accionistas de los centros privados se equivocarían en ver eso como un mero peaje que lastraría sus beneficios (holgados a la vista del interés mostrado por varios fondos de inversión en el sector), porque la transferencia puede ser una actividad muy rentable y la investigación es clave en el prestigio académico a nivel internacional.
Como se ha indicado poco se puede hacer para aligerar desde el nivel autonómico, salvo en lo relativo a acreditación de títulos que es un proceso relativamente ágil en Madrid gracias a la apuesta por la acreditación institucional (de un centro entero, en vez de cada título) aunque admite mejoras para hacer más ágil los cambios menores en los planes de estudios.
El papel del gobierno autonómico
Por otro lado, el gobierno autonómico –pese a su oposición política con el ejecutivo central– debería apostar por una novedad introducida por la Ley Orgánica del Sistema Universitario que podría incluso calificarse de “liberal” (no tan sorprendente teniendo en cuenta que el ministro Castells que redactó la norma hizo casi toda su carrera en Estados Unidos y el ministro Subirats que concluyó su trámite de aprobación también tenía un perfil bastante independiente y acreditaba una larga experiencia académica internacional).
La LOSU tiene un papel en esta futura ley
Se trata de la posibilidad de desregulación organizativa que la LOSU ofrece sin imponer. Se trata de prescindir de los departamentos universitarios, para así poder alinear más la estructura de personal con la estrategia formativa.
Varias universidades en toda España han aprobado o avanzado ya mucho en las reformas de sus estatutos y ninguna ha apostado por este cambio ni por otras reformas de gobernanza relevantes, porque obviamente resulta muy difícil que las estructuras de poder existentes se hagan el harakiri. Sin embargo, las comunidades autónomas podrían incentivar esas reformas con contratos programa no sólo de resultados sino también de reorganización, que resultan muy necesarios para las universidades públicas si quieren mejorar su eficiencia y dinamismo.
Por último, y no exige ningún cambio legal, sino la rigurosa aplicación del control de legalidad sobre los estatutos de las universidades de su territorio que la ley encomienda a las comunidades autónomas, se debe vigilar que no se cercena la posibilidad de que sea candidato a rector de una universidad pública un profesor con los méritos adecuados pero que no forme de parte de su plantilla sino que provenga de otra universidad.
La LOSU en ese caso no deja la cuestión abierta al arbitrio de cada universidad sino que la establece ex lege (véase análisis detallado) y sería preocupante que algunos estatutos o normas electorales pretendan ir en contra de ese requisito legal que viene a resolver una anomalía española que limitaba la movilidad del talento a la cabeza de nuestras universidades.
Conclusión: la apuesta por la calidad
Si Madrid quiere llegar a ser el líder de la educación superior en español – con los beneficios sociales y económicos que eso supondría para la región y el conjunto del país– debe cambiar el gobierno autonómico su foco por la cantidad por una apuesta por la calidad.
Alcanzar este objetivo en una década, por ejemplo, puede lograrse con las siguientes condiciones: un número similar de alumnos que el actual, un número de universidades algo menor, un presupuesto público al menos un 20% mayor tanto en dotación estructural para las públicas como un convocatorias competitivas de I+D a las que opten todas (que sería un gasto sostenible dado el multiplicador económico y por tanto de recaudación de impuestos que aporta la investigación), y con una o más universidades públicas que hayan logrado una transformación profunda de su estructura y gobernanza (recibiendo fondos adicionales para acompañarles y recompensar ese cambio) e incluso atraído un rector o rectora proveniente de otro centro de prestigio.
¿Nos atreveremos a apostar a todos los niveles por esta estrategia u otra de similar alcance? Pronto tendremos una medida del verdadero nivel ambición y compromiso de la Comunidad de Madrid con el mundo universitario.