Análisis de la futura ley universitaria de Madrid: ¿Públicas vs. Privadas? (Parte 1)

La Comunidad de Madrid sometió a consulta pública el pasado mes de septiembre un Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid. El texto resultó decepcionante para la comunidad universitaria porque se reducía a dos páginas. Aunque no fuera exigible en esta fase presentar un articulado completo, exponer tan escuetamente los problemas encontrados y las posibles soluciones hacía ver que se trataba de cumplir un trámite más que confiar en la utilidad del proceso participativo.

La Ambición de Madrid en Educación Superior

Las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad o del Consejero en diversos actos expresan una ambición de “ser la referencia mundial de la educación superior en español”. No dan muchas más pistas sobre el contenido de una ley que quizá se conozca y se pueda analizar sólo cuando se registre en la Asamblea de Madrid.

No obstante, sí ha habido cierto debate social y algunas referencias por parte de los responsables políticos en relación con el elemento más estructural del modelo de educación superior madrileño, que es el reciente fomento de los centros privados. Este artículo se centra en esta cuestión estratégica para las políticas de educación superior en la Comunidad de Madrid.

Crecimiento de las Universidades Privadas en Madrid

En efecto, la evolución más significativa en el sistema universitario español, pero muy especialmente en Madrid, es el fuerte aumento del número de universidades privadas.

Cuando en 1997 se inauguró la Rey Juan Carlos –sexta y última de las públicas madrileñas, al margen de la UNED que tiene presencia en toda España– había en la región cuatro privadas (incluida una de la Iglesia); hoy hay diez más. Las universidades públicas forman aproximadamente al doble de alumnos que las privadas, pero el reparto cada vez se iguala más.

Financiación de las Universidades: Públicas vs. Privadas

El presupuesto autonómico para las universidades mediante subvenciones directas está actualmente destinado a sufragar a las públicas. Los responsables políticos madrileños han declarado que la nueva ley podría establecer una dotación para el funcionamiento básico de las públicas y otra parte por resultados, al que se entiende podrían optar por tanto las privadas.

Tengamos en cuenta que en los últimos quince años la dotación para educación superior de la Comunidad de Madrid ha sufrido una reducción en términos reales de aproximadamente un 10%.

Basándonos en esta cifra, es sencillo colegir que, si además hay que compartir parte con las privadas, el panorama se vuelve aún más sombrío para unas universidades públicas. Estas logran apenas sufragar sus nóminas y gastos ordinarios, pero que son incapaces de apostar por nuevos ejes de desarrollo y se encuentran lastradas por el importante coste de renovación de instalaciones cada vez más anticuadas.

Calidad y Ranking de las Universidades

Se podría entender que con esta ley, la Comunidad de Madrid está intentando reproducir en las universidades las variantes para la provisión de educación escolar, donde intervienen centros públicos, privados y muchos concertados (privados en su gestión pero con contribución de fondos públicos).

¿Qué efectos tendría en términos de equidad y de calidad?

Empecemos por la calidad. Todos los rankings tienen carencias pero si para algo sirven es precisamente como instrumento de ajuste en un modelo de “libre competencia”. Miremos por tanto los dos más asentados a nivel global.

El Ranking de Shanghái

En el Ranking de Shanghái de las 1.000 mejores mundiales aparecen todas las públicas madrileños, aunque en lugares modestos: Autónoma y Complutense en la horquilla 301-400, Politécnica en 601-700, Alcalá en 701-800, Carlos III y Juan Carlos en 901-1000. Ninguna de las privadas figura, aunque la de Navarra, que tiene un campus en Madrid, sí está en la horquilla 501-600.

El QS

El otro escalafón más consolidado es el QS. La Universidad Complutense, además de la encabezar la lista madrileña, es también la primera española (puesto 164º), siguen otras tres públicas: U. Autónoma (198), U. Carlos III (285), U. Politécnica (321). Entran después dos privadas: IE (435) y la U. Pontificia de Comillas (544). Sigue la pública Rey Juan Carlos (horquilla 1001-1200), y la última que figura es la privada CEU (1200-1400).

Obviamente las universidades privadas creadas recientemente podrían no haber tenido su oportunidad de demostrar su potencial, pero la realidad es que tampoco ninguna de las seis que tienen más de dos décadas ha adelantado a ninguna de las públicas en el ranking de Shanghái y apenas se hacen hueco en el QS. Se podría argumentar que quizá es precisamente porque las privadas no reciben fondos de los contribuyentes pero eso sería minusvalorar las dos relevantes restricciones que limitan a las públicas.

Recursos y Restricciones de las Universidades Públicas

En primer lugar, el presupuesto por alumno en las públicas (suma de la matrícula y de la aportación de la comunidad autónoma) se sitúa en unos 8.000€ anuales, mientras que el precio medio en una privada (con importantes variaciones entre unas y otras) ronda los 12.000€. Las públicas pueden intentar escapar de este régimen creando “títulos propios” que no reciben subvención, pero pueden fijar libremente su matrícula. Sin embargo ese caso se tratará de diplomas no oficiales, mientras que las privadas pueden ofrecer sus títulos oficiales al precio que estimen oportuno.

En un contexto de fuerte demanda de títulos universitarios donde hay “clientes para todos” se ve por tanto que las privadas cuentan con aproximadamente un 50% más de recursos que las públicas, realizando además una actividad investigadora mucho menor (que es lo que determina su baja posición en los rankings).

La universidad pública en desventaja

La otra importante atadura de los centros públicos es la regulación. La mayor parte es cierto que proviene de regulación estatal (cambiante pero siempre de “alta densidad burocrática” a lo largo ya de muchas décadas de gobiernos de diverso signo), que la Comunidad de Madrid no podrá pues aligerar. Como tuvimos ocasión de desarrollar en otras entradas de este blog pese a la supuesta autonomía universitaria no existe ninguna administración con más restricciones legales en su estructura y funcionamiento que las universidades públicas, lo que lastra gravemente su dinamismo, diferenciación y capacidad de innovación.

La ventaja de las universidades privadas: más presupuesto y menos exigencias administrativas

Las universidades privadas no sólo disponen de todo el margen de cualquier empresa para organizarse internamente, sino que las exigencias que impone la administración educativa para la “licencia de apertura” como universidad son muy ligeras.

Unas instalaciones y número de profesores mínimos y una organización que atienda unos procedimientos de control formales pero que no garantiza la calidad académica sustantiva de lo realmente impartido.

En definitiva, parece difícil defender desde ningún criterio político el apoyo con presupuesto público de las matrículas de las universidades privadas cuando están dando peores resultados, pese a disponer ya de más facilidad para competir.

Sin embargo, este corolario no exime de reflexionar sobre la utilidad social de las universidades públicas para tener elementos con los que decidir si es pertinente apostar o no por su desarrollo con dinero público.

¿Para qué vale una universidad pública?

En Madrid –como en toda España– hemos visto que sirven para ofrecer mejor calidad formativa de media que en las privadas. No obstante, las condiciones de equidad de acceso nada tienen que ver con los centros privados. El coste para el alumno es unas seis veces mayor (2.000€ vs. 12.000€).

¿Tiene sentido que las matrículas públicas estén fuertemente subvencionadas (cubren sólo las tres cuartas partes del coste de la formación) incluso para quienes tienen sobrados medios?

Eso es una decisión que requiere una ponderación política. Se debe tener en cuenta el total de impuestos recaudados y el reparto entre las distintas necesidades sociales que compiten entre sí. Pero lo que sí se puede afirmar es que lo que no tendría sentido sería financiar becas de estudio en las privadas: sería gastar más dinero allí donde se ofrece menor calidad académica.

La sociedad es beneficiaria de los egresados universitarios

Pero los egresados universitarios no son los únicos beneficiarios de la educación superior. Lo es también el conjunto de la sociedad. Tanto a nivel de capacitación como ciudadanos (lo que supone un dique de estabilidad para los sistemas democráticos, hoy tan convulsos) como para la productividad de las empresas que acceden a colaboradores más formados.

Esto último  no significa que haya que apostar por la universidad frente a la formación profesional. Cabe indicar que el anuncio de los responsables políticos madrileños de que ambos sistemas deberían integrarse más sí constituye un acierto relevante en términos estratégicos. Pueden por ejemplo inspirarse de Francia donde la FP superior se imparte como un primer ciclo universitario y recibe tal denominación.

---

Puedes leer la segunda parte de este artículo aquí.