El maltrato de los gobiernos a la universidad pública: razones para una huelga

Varios sindicatos de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá de Henares llaman a una huelga los días 26 y 27 de noviembre para dar voz a las críticas en defensa de la universidad pública.

Lo que a continuación expongo no pretende representar la posición oficial de las organizaciones convocantes, en las que no ocupo ninguna responsabilidad, sino mi valoración personal –que intento fundamentar en ciertos datos– para sumarme a esa protesta ante la mala planificación y gestión de la educación superior a nivel nacional como autonómico.

La disociación entre centros públicos y privados, un problema que continúa

Como tuve ocasión de desarrollar en posts anteriores, el sistema universitario español se caracteriza por una ineficaz disociación entre centros privados y públicos.

De un lado, los centros privados están sujetos a autorizaciones mínimas, basadas en requisitos burocráticos que impiden al ministerio o las consejerías ejercer ningún control real de calidad sobre las titulaciones que se ofrecen al mercado. Y por el otro, las universidades públicas son víctimas de una concepción de la autonomía universitaria que realmente sólo existe dentro de cada aula. A nivel organizativo se les impone por ley una asfixiante homogeneidad mayor que a ninguna otra administración.

Un Real Decreto que no garantiza la calidad universitaria

Pese a que el gobierno central lo vende como un dique de defensa a la universidad pública, el reciente Real Decreto 905/2025 consolida un estándar de calidad ínfimo exigiendo sólo un 5% de investigación mínima. En las universidades públicas ronda el tercio de sus presupuestos.

Se seguirá pues confundiendo a los futuros estudiantes y empleadores, y gripando los motores de pensamiento e innovación que tan necesarios son para toda la sociedad, llamando igual a lo que en otros países recibe denominaciones distintas (por ejemplo, colleges frente a research universities).

Falta de ambición en las políticas nacionales

Ante esta falta de ambición de las políticas nacionales resulta chocante que la crítica del gobierno madrileño sea reclamar aún más laxitud. Probablemente consideren más fácil vender políticamente una tarifa plana de desregulación, pero basta mirar rankings de inspiración neoliberal como el de Shanghai para comprobar que las universidades públicas superan ampliamente en el escalafón a las privadas, pese a que cuentan con la mitad de presupuesto por alumno/a y la desventaja de la burocracia que la legislación les impone.

Quienes dicen creer en la competencia deberían prestar más atención a la calidad y a la eficiencia.

Autocrítica y parálisis en la implementación de la LOSU

La universidad pública no es ni el orfeón partidista que desea el señor Sánchez Pérez-Castejón ni el multiplicador de becarios y alquileres que imagina la señora Díaz Ayuso. Por supuesto internamente debemos hacer también autocrítica: junto a una vocación indudable de una gran mayoría de la plantilla existe también un amplio conformismo con la endogamia y una falta de compromiso con aprovechar los márgenes de reforma que permite la ley.

En efecto, la LOSU partió de un diagnóstico lúcido del ministro Castells respecto a un modelo organizativo de la universidad que impedía adoptar las mejores prácticas internacionales de gobernanza y movilidad de talento.

La aprobación, bajo el mandato del ministro Subirats, supuso un cierto recorte de esas aspiraciones, aunque se mantuvieron algunas de las medidas que más impacto podrían tener como es la elección de rectore/as provenientes de otras universidades o la posibilidad de cambiar los departamentos por estructuras que permitan una mejor coordinación y rendición de cuentas tanto de la investigación como de la docencia.

La realidad es que se está completando el proceso de renovación de estatutos que exigía la LOSU en los tres años siguientes a su entrada en vigor sin que ningún centro público se haya atrevido a implantar esos cambios, ni recibir tampoco estímulos al respecto de la ministra Morant que desde su primera comparecencia parlamentaria dejó bien claro que su modelo sobre “el sistema español de conocimiento” se reducía a prometer golosinas al profesorado universitario respecto a sus condiciones de carrera.

Crítica a las políticas de la Comunidad de Madrid

Pero el supuesto modelo alternativo que promueve el consejero Viciana se olvida igualmente de esas palancas de la excelencia que comparten todas las mejores universidades del mundo (elección de rectore/as abierta al exterior, estructuras que no son lobbies de profesorado, presupuesto relevante dedicado a la investigación) sino que su propuesta estrella es un “distrito único de prácticas”, medida quizá interesante pero para la que no hace falta ni una ley. Como responsable de un servicio público que funciona mejor y a menor coste que el privado, debería ocuparse de reforzarlo en lugar de debilitarlo acelerando la apertura de un par de centros por año entre los que se encuentran demasiados que son poco más que academias.

El 1% del PIB y la LOSU

Y por supuesto es imprescindible hablar de suficiencia financiera. El artículo más resbaladizo de la LOSU –el 55– dice que “[…] el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado, permitiendo así la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea […]”. Pero la exposición de motivos de la ley reconoce su carácter meramente desiderativo: “Alcanzar un mínimo de financiación pública del 1 % del PIB, como recoge esta ley orgánica, debería ser una exigencia de todos y todas.”

El reproche de la huelga a gobiernos autonómicos y al gobierno central

Las organizaciones convocantes de la huelga aciertan en su crítica al gobierno madrileño por haber recortado irresponsablemente en términos reales un 20 % la dotación pública en las dos últimas décadas, pero se equivocan en dirigir ese reproche sólo a los ejecutivos autonómicos.

Las concentraciones convocadas frente a la Consejería situada en Alcalá 32 desbordarán sin duda también al número 34 de la calle, sede histórica del Ministerio de Educación (aunque ahora el de Universidades se ubique en otra sede), expresión simbólica de que el ejecutivo central también debería dedicar presupuestos mucho más importantes  –no al sustento ordinario de la docencia que es competencia autonómica– pero sí a planes nacionales de investigación y a los incentivos a las reformas organizativas de los centros.

Laicidad 

Y una última cosa, que parecerá casi anecdótica dada la desatención secular de gobiernos supuestamente progresistas o supuestamente liberales hacia una cuestión que en otros países sería parte común y central de sus idearios: la laicidad (o al menos la aconfesionalidad). El artículo V de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 relativos a enseñanza prevén que:

“El Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los Centros universitarios públicos, utilizando los locales y medios de los mismos(…)”.

Esto debería amparar cesiones de espacios acotadas en el tiempo, aunque sean periódicas, como ocurre en colegios e institutos para las clases de religión, pero no el establecimiento permanente de capillas. ¿Por qué esta cuestión está tan ajena del debate público cuando nos aleja tanto de la mayoría de universidades europeas (Reino Unido aparte, que es un país donde hay una iglesia estatal)?

Conclusión

En conclusión, desde hace muchos años, ni los gobiernos de España ni los de Madrid –me falta conocimiento para generalizar a las demás autonomías, aunque intuyo que es común– han demostrado creer de verdad en el papel decisivo que tienen las universidades, y en especial la pública, para a la vez fortalecer la democracia a través de una ciudadanía con pensamiento propio, promover la igualdad de oportunidades y estimular la innovación y la productividad.

Basta compararse con otros países que invierten más en educación e investigación, tanto pública como privadamente, para entender lo mucho que tenemos que ganar por reclamar a nuestros gobernantes cambios que las universidades debemos luego aprovechar con determinación. Sobran razones para una huelga el 26 y 27 de noviembre para pedir a los gobiernos central y madrileño que dejen de usar la universidad como arma arrojadiza y demuestren de verdad su compromiso, empezando por el presupuestario.