¿Qué reveló sobre el “sistema español del conocimiento” la comparecencia de la ministra en el Congreso de los Diputados?

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

El pasado 31 de enero arrancó sus trabajos la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados con la comparecencia de la ministra Diana Morant (orden del día, grabación) para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento en esta legislatura que ya ha cumplido sus primeros seis meses. Se presenta a continuación una valoración personal de las implicaciones estratégicas para el referido como “sistema español del conocimiento” que pueden deducirse de ese debate en sede parlamentaria.

Análisis de la propuesta

Lo primero a mencionar es cómo se celebró (sin ser refutado por ningún portavoz) que la ciencia y la innovación volvieran a la misma cartera que las universidades, dada la conexión entre las políticas públicas de estos ámbitos (en el blog ya habíamos hecho alguna alusión a este cambio). Llama la atención que el debate estuviese casi exclusivamente dedicado a temas universitarios, postergándose así las referencias a ciencia y sobre todo a la innovación que tuvieron una presencia secundaria incluso en la exposición inicial de la ministra.

Esta desproporción podría justificarse por haberse aprobado la LOSU hace menos de un año y encontrarse así en pleno periodo de despliegue. No obstante, cabe observar que más incluso que temas universitarios generales o variados las problemáticas expuestas por los distintos intervinientes tuvieron mayoritariamente que ver únicamente con el profesorado.

Este hecho nos hace pensar si la presencia que tiene una política pública en la agenda política y mediática no está tan relacionada con la importancia que tenga para la sociedad como con la capacidad de los colectivos interesados en dar a conocer su punto de vista. Y es evidente que los docentes universitarios tienen altavoces más organizados y eficaces (tanto los sindicatos como la propia CRUE dado el sistema de elección de rectores donde prima el voto profesoral) que otros actores del sistema del conocimiento como son los estudiantes, las empresas o los centros de investigación ajenos a la universidad.

Para resumirlo de manera provocadora, con el ánimo de aportar claridad a la primera conclusión que se propone, la Comisión del Congreso de los Diputados bien podría renombrarse como «del profesorado universitario y materias anexas». Cabría preguntarse a quién le conviene más esta captura de intereses y si está orientada en términos de atracción de voto, a costa de restar margen de maniobra no sólo al interés general de la sociedad sino incluso a los profesores universitarios cuyas carreras se verán al cabo lastradas por la falta de dinamismo del sector en su conjunto.

¿Qué se propuso?

Relacionado con lo anterior, y en relación a la mención explícita que se hizo de la “lluvia de millones” repartidas en distintas convocatorias (la mayoría ya convocadas, hubo menos concreción respecto a futuros planes), dio la impresión de suplir o esconder la carencia de un diagnóstico sobre la situación del sistema de ciencia, innovación y universidades así como la falta de planteamiento sobre las alternativas estratégicas por las que los poderes públicos podrían apostar. Una comparecencia cuyo objeto era presentar “las líneas generales de la política del departamento en esta legislatura” no debería convalidarse por una compilación de las notas de prensa de los últimos meses.

Enunciar que los sectores más intensivos en I+D tienen una mejor productividad y ofrecen mejores salarios es una evidencia en España como en todo el mundo, pero la cuestión es cómo lograr que colectivamente avancemos en un nivel de gasto (público y privado) sobre el PIB que década tras década apenas progresa y que nos mantiene lejos del 3% de los países más avanzados económicamente.

¿O acaso asumen como una fatalidad de la globalización económica que en ese club de los países realmente innovadores tienen cabida muy pocos entre los que no es realista lograr que España forme parte, pero eluden tener que asumir una realidad tan cruda ante la opinión pública? España merece más y probablemente puede lograrlo, recurriendo precisamente a políticas diseñadas con un ánimo más científico que exige menos triunfalismo y complacencia.

Podemos contentarnos diciendo sin ser falso que “el sistema español de conocimiento” se encuentra “entre los mejores del mundo”, pero quizá es más interesante preocuparse de que no está en el lugar que corresponde a un país al que sólo otros ocho superan simultáneamente en población y renta per cápita.

Muchos piensan en España por nuestro atractivo turístico o por los éxitos deportivos, pero en significativa menor medida cuando hablamos de investigación, innovación o educación superior, y esto puede acabar amenazando pronto la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar.

¿Cuáles podrían ser algunas de las reflexiones estratégicas que permitirían iniciar ese camino?

Arriesguemos algunas propuestas.

Por ejemplo, reconocer que el sistema universitario español se caracteriza por una ineficaz disociación entre centros privados y públicos. De un lado, los primeros están sujetos a autorizaciones mínimas, basadas en requisitos burocráticos que impiden al ministerio o las consejerías ejercer ningún control real de calidad sobre las titulaciones que se ofrecen al mercado. Y por el otro extremo, las universidades públicas bajo muchos parámetros fosilizadas, son víctimas de una concepción de la autonomía universitaria que realmente sólo existe dentro de cada aula mientras que a nivel organizativo se les impone por ley una asfixiante homogeneidad mayor que a ninguna otra administración pública.

Y aunque la LOSU teóricamente permite aligerar o adaptar esas estructuras, hay escasas posibilidades de que suceda dada la falta de incentivos o de otras acciones externas para que los poderes incumbentes decidan sacrificar su propio statu quo.

¿Quién ha logrado una posición de cierto poder en su propia universidad con el actual modelo iba a querer hacerse el hara-kiri cediendo capacidad de control a la sociedad en la elección de sus órganos de gobierno? Empiezan a surgir las primeras reformas de estatutos consecuencia de la LOSU sin que ninguna destaque por su audacia y alguna incluso por llevar su conservadurismo a intentar obviar las escasas reformas prescritas por la nueva, ley en particular las referidas a la elección de un rector que puede no ser catedrático ni venir de la propia universidad.

Habría sido pues relevante que desde el punto de vista sistémico se reflexionase sobre cómo lograr que alguna universidad pública se arriesgue de veras a un modelo diferente al de las demás (que no tiene por qué ser un salto al vacío sino de entrada sencillamente probar con las gobernanzas que rigen en centros de otros países). Y la respuesta podría haber sido precisamente utilizando de otra manera el dinero.

En lugar de distribuirlo en una extensa lista de convocatorias de ayudas medianas o pequeñas que conjuntamente buscan el efecto de que muchos (tanto a nivel institucional como personal) tengan que pedir directamente al ministerio para al final lograr más o menos cada uno “lo que le toca” (y poder seguir más o menos como siempre), podría optarse por agrupar los fondos en partidas más grandes que permitiesen incentivar y apoyar cambios más decididos y que acabarían provocando mejoras a las propias instituciones que los adoptan y al conjunto del sistema. Esta opción requiere sin embargo mayor coraje político al sacrificarse el corto por el medio plazo, frente a la tómbola de pequeñas ayudas de mínima capacidad transformadora pero que permite tener muchos más beneficiarios directos susceptibles cada año de agradecer la liberalidad del ministerio.

¿Un futuro innovador?

En contraste, el anuncio más prometedor –aunque en términos muy sucintos– de la comparecencia pudo ser el compromiso de apoyar unas líneas de “deep tech” (tecnologías con alto potencial transformador) que deberían incardinarse dentro de una auténtica política industrial que implica apostar mucho por unas tecnologías y por lo tanto no por otras, lo cual es exigente políticamente pero demostraría que se prioriza el impacto a largo plazo sobre el eslogan. Faltó al respecto el detalle de cuantías y metodología para valorar las posibilidades de éxito.

Resultó también acertada la referencia a la palanca que debe suponer la compra pública innovadora, política pública cuyo potencial reside precisamente en que no está confinada a la gestión de un particular departamento sino que cualquier administración puede fomentarla en su ámbito.

La mejor manera de lograr una economía donde se gaste mucho más en I+D es precisamente logrando que la mayoría se gaste al margen de las convocatorias lanzadas por un solo ministerio, que puede parecer un maná si se reparte entre los colectivos más cercanos pero que tendrá muy poca capacidad de difusión al conjunto de la sociedad.

Por último indicar que apenas se habló del contenido de la educación, ni sobre las titulaciones y planes de estudio universitarios (cuando España va siendo uno de los últimos países en ofrecer un grado de cuatros años), ni tampoco sobre la relación con la educación secundaria.

Parte de un proceso

Como conclusión: los anuncios en la Comisión podrán ser bienvenidos por unos u otros de los habituales destinatarios de las subvenciones que se reparten pero resultó preocupante la escasa voluntad estratégica del ministerio para asumir su papel clave para hacer evolucionar en profundidad el sistema español del conocimiento frente a una sociedad y a una competencia internacional que evolucionan muy rápidamente.

Quizá la vía más eficaz para revertir ese bloqueo sería que desde la universidad se asumiera con generosidad y altura de miras que hay cuestiones mucho más importantes aún que tratar que la contratación del profesorado, que copa casi exclusivamente el debate a todos los niveles.