La financiación de la educación universitaria en España

Tras más de una década de progresivo deterioro, la situación de la universidad pública española es crítica. Y ello debido fundamentalmente a dos factores: por un lado, la insuficiente financiación por parte de las administraciones públicas –especialmente desde las comunidades autónomas- y, por otro, por el extraordinario auge de las universidades privadas en las últimas dos décadas.

La evolución de la enseñanza universitaria: pública versus privada

La demanda de acceso a estudios universitarios en España se ha incrementado en las últimas décadas, de la mano del aumento del nivel educativo, ocupacional y económico de los hogares.

En 2022, el 40,2% de jóvenes entre 20 y 24 años se encuentran estudiando alguna fórmula de educación superior, 4 puntos por encima de la media de los 27 países de la Unión Europea, y la proporción de jóvenes de 25 a 34 años con educación terciaria ha aumentado del 41 % en 2016 al 52 % en 2023.

En España, en el curso 2024-2025 hay 91 universidades en funcionamiento, 50 públicas y 41 privadas (el 45%). Las universidades son eminentemente presenciales, con tan solo 7 no presenciales (6 privadas y una pública). La última universidad pública creada en España fue la Universidad Politécnica de Cartagena en 1998. En ese año existían 14 universidades privadas en España. Desde entonces se han creado 27 universidades privadas. Un 65,88% de incremento.

A estas hay que sumar 5 universidades privadas aprobadas por las asambleas autonómicas y pendientes de iniciar su actividad en el curso 2025/2026 y otras 10 en tramitación.

Un incremento desproporcionado de las universidades privadas

Ante este incremento desproporcionado de nuevas universidades privadas, la consecuencia lógica es la reducción de estudiantes en universidades públicas: La matrícula de estudiantes en grados y másteres en universidades públicas ha disminuido un 18% desde 1999, al tiempo que ha crecido un 368% en las privadas. Sin embargo, esta situación no se produce en los estudios de doctorado, impartidos casi en su totalidad en las universidades públicas.

Esta realidad responde, en gran medida, a la imposibilidad de la universidad pública de incrementar su oferta de plazas como consecuencia de la falta crónica de financiación.

Cerca de 270.000 estudiantes se han presentado en 2025 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y en estos días están conociendo su resultado, por lo que pronto tendrán que elegir qué y dónde estudiar. En este contexto, la universidad pública enfrenta un enorme desafío: con una demanda de plazas que supera ampliamente a la oferta, miles de estudiantes se ven obligados a competir por un número limitado de vacantes, especialmente en las carreras más solicitadas.

Consecuencias de la limitación de plazas y el aumento de la demanda

Esta limitación de plazas, ligado al aumento de la demanda de ingreso en las universidades públicas:

• Ha generado un incremento de las notas de corte para acceder a las universidades públicas presenciales, lo que impide que muchos estudiantes ingresen en su grado deseado, no solo en su primera opción sino también en las siguientes.
• Esto obliga, a quien puede permitírselo, considerar como opción las universidades privadas, lo cual implica un mayor coste económico y sacrificios para ellos y sus familias.
• Además, este fenómeno agrava la desigualdad en el acceso a la educación superior, ya que no todo el alumnado puede permitirse el coste de una universidad privada. En el curso 2023-2024, se ofertaron 245.956 plazas para 2.665 titulaciones, pero las preinscripciones superaron las 475.000.
• Y si esto se puede señalar en relación al acceso al grado universitario, la situación es mucho más compleja para el acceso a los másteres habilitantes (aquellos que otorgan la titulación necesaria para ejercer una profesión regulada, como la enseñanza, la abogacía, la arquitectura, la psicología, etc.), donde entre el 60 y el 85% de las plazas ofertadas son de universidades privadas.

Los orígenes socioeconómicos del alumnado universitario

A esto hay que añadir que, si consideramos los orígenes socioeconómicos del alumnado universitario, se observa una sobrerrepresentación de aquellos con altos niveles educativos y ocupacionales de sus familias. El alumnado de familias con niveles altos de renta tiende a matricularse en universidades privadas (aunque también tienen una importante presencia en las públicas) y a estudiar en áreas con mejores perspectivas laborales, tales como salud, informática e ingenierías, que también tienen matrículas más caras. Este estudiantado no suele compatibilizar el estudio con un trabajo a tiempo parcial y presentan una menor tasa de abandono en comparación con el procedente de niveles de rentas medios o bajos, que en muchos casos se ven obligados a compatibilizar trabajo y estudio.

Una financiación insuficiente que cuestiona la continuidad del modelo público universitario

La financiación que las universidades públicas reciben de las administraciones cayó 14 puntos porcentuales en términos reales desde el año 2009. Estas transferencias públicas cubren el 65% de media de sus presupuestos.

La realidad es que el gasto público en educación superior en España tiene el reto de ir aumentando para equilibrarse con la media europea. En 2021, el gasto público en educación superior en España fue del 2,19 %, una cifra por debajo del promedio de la OCDE (2,72 %) e incluso de la Unión Europea, con el 2,44 %.  Asimismo, el gasto total por estudiante de las instituciones de educación superior en 2021 fue de 14.432 euros, un 23,6 % inferior a la media de la OCDE (18.900 €) y un 21,8 % por debajo del dato de la UE (18.465 €).

Fuentes de financiación

Igualmente, debemos considerar las fuentes de la misma, que varían según la universidad sea pública o privada:

• Las universidades públicas se financian principalmente de las transferencias de los gobiernos autonómicos (65%). Otra fuente de ingresos significativa es el cobro de tasas académicas y precios públicos (13,5%), cuyo importe varía entre comunidades autónomas y tipo de estudio. Con estos ingresos, las universidades cubren principalmente los gastos en personal, que representaba en 2022 el 64,51% del gasto total, y el gasto en bienes y servicios, que supone el 13,41% del total.
• En el caso de las universidades privadas, su financiación procede fundamentalmente del pago por matrículas y cuotas de estudiantes (91% de sus ingresos), así como de donaciones privadas. Sin embargo, existen formas indirectas de financiación pública de este tipo de entes privados.

 Estos datos reflejan una falta de financiación estructural en la financiación de la universidad pública que afecta la calidad del sistema universitario público. En este contexto, las universidades públicas dependen cada vez más de las tasas de matrícula para compensar la falta de financiación pública (llegando hasta el 22% de los ingresos en el caso de la Comunidad de Madrid).

Este escenario incrementa la carga económica sobre los estudiantes y sus familias que, sumado a la insuficiencia del sistema público de becas y ayudas al estudio, que no cubre las necesidades reales del alumnado, se traduce en un aumento de la desigualdad.

Durante el curso 2022-2023 sólo el 24,1% de los estudiantes matriculados tenían una beca pública: un porcentaje que es muy superior entre las personas matriculadas en la universidad pública (27,3% frente al 8% en la universidad privada). En los estudios de Máster, los porcentajes de estudiantes beneficiarios de becas estatales se reducen al 17,6% en universidades públicas y al 6% en universidades privadas.

El papel de la financiación de las universidades públicas en la cohesión social

La falta de una financiación suficiente de las universidades incide tanto en las posibilidades de acceso por parte de la población como en la calidad de la misma. Actualmente el 55,6% de la población entre 25 y 30 años ha completado estudios de educación superior.

La universidad pública y presencial sigue siendo la opción más común entre las personas jóvenes que continúan sus estudios al terminar la secundaria. Esta opción, sin embargo, se ve dificultada por el coste que implica para los hogares, que no solo tienen que asumir las tasas de las matrículas, sino también el alojamiento y otros costes cuando los y las jóvenes se desplazan fuera de su provincia o comunidad para estudiar.

El gasto de las familias en educación superior en España se encuentra por encima de la media de los países de la OCDE: los hogares asumían en 2020 en España el 30,38% del gasto total en educación terciaria, mientras que la media de los países de la OCDE se situaba en 22,02%.

Distribución territorial de los centros universitarios y plazas ofertadas

Hay comunidades autónomas cuyos aspirantes a estudios universitarios se ven forzados a moverse para estudiar a otras comunidades autónomas con mayor oferta pública presencial. En el curso 2022-2023 el 18,8% de los matriculados en estudios de grado no residía en la misma comunidad autónoma en la que estaba su centro de estudios. En máster, la movilidad fue mayor, con un 34,5% de los matriculados que residían fuera de la región de su centro universitario.

Igualmente, resulta necesario señalar el papel vertebrador territorial y social de las universidades públicas. La proximidad de las universidades juega un papel fundamental en la promoción de la equidad en el acceso a la educación superior. La universidad pública se presenta como una agente crucial no sólo para el desarrollo económico del territorio en el que se ubica, sino que contribuye a la fijación de población y a la retención del talento en zonas con una situación demográfica compleja. Este papel esencial no lo desarrollan las universidades privadas, que se centran en obtener la mayor rentabilidad económica.

La falta de financiación suficiente de la universidad pública redunda en la oferta de plazas, los precios, la menor capacidad de flexibilizar las opciones asegurando la calidad, las condiciones de trabajo del profesorado y el conjunto del personal y, en consecuencia, en la mayor carga que implica ofrecer formación de calidad.

Esto, sumado al menor control y requisitos exigidos y las facilidades ofrecidas a las universidades privadas está abriendo el paso a un crecimiento de las matriculaciones en estas entidades privadas. La merma del peso de la universidad pública no hace sino ahondar en las desigualdades educativas, dificultando que las instituciones educativas públicas puedan avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y la cohesión social.

Conclusiones

En este escenario, resulta necesario reclamar que la financiación pública, en todas sus modalidades, sea destinada a las universidades públicas, y que se regule por ley un mayor nivel de exigencia de los requisitos requeridos para la creación y funcionamiento de las universidades privadas.

El acceso equitativo a la educación superior es una condición necesaria para no ahondar en las desigualdades y avanzar en la igualdad de oportunidades. La educación superior universitaria es un servicio público que debe estar garantizado por las universidades públicas con una financiación adecuada, suficiente y previsible en el tiempo que cubra el 100% de sus necesidades básicas para poder dar cumplimiento a sus obligaciones con la sociedad.

El derecho al acceso y continuidad del alumnado a la educación superior debe estar garantizado por las universidades públicas en tanto que estamos ante una condición básica de ciudadanía. Por lo tanto, todas las administraciones públicas deben garantizar, entre otras cuestiones, el marco de financiación necesario y suficiente para asegurar las condiciones óptimas para que las universidades puedan cumplir con su mandato de formar personas libres, críticas y con plenas capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias para su desarrollo personal, social y profesional, con independencia de su realidad personal, social y económica.

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Este análisis se basa en el informe “La financiación de la educación universitaria en España”, elaborado por CCOO y la Fundación 1º de Mayo.