La nueva reforma de la Ley de la Ciencia: un análisis crítico (I)

Buenos augurios

Cuando en la primavera del 2021 el entonces ministro Duque anuncia que va a proponer un Pacto por la Ciencia e Innovación, con la idea de lanzar una reforma de la entonces vigente Ley de la Ciencia, se despertó en todo el sistema español de ciencia, tecnología e innovación (SECTI) un sentimiento de euforia contenida. Ese sentimiento se afianzó cuando,  al poco de poner un texto sobre a mesa (algo escueto, hay que decir, pero con muy buenas intenciones), más de 85 instituciones vinculadas de alguna manera al SECTI, entre ellas la CRUE, la COSCE, sindicatos, asociaciones de científicos, empresarios, se sumaron con entusiasmo.

Si había un acuerdo tan general en los principios básicos, todo auguraba un futuro a la esperada nueva Ley, prometedor. Hay que decir que algunos, con muchos años de supervivencia en el SECTI, miraban este entusiasmo con cierto escepticismo, ya que no es la primera vez que se lanza una iniciativa parecida, y en todas las veces anteriores se fracasó.

En aquel entonces, desde COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas de España, se organizó una comisión encargada de elaborar un documento de ideas, que pudieran aportarse a la discusión en este marco, y que sirvieran para colaborar en el andamiaje de la futura ley. Dicha Comisión, que tuve el honor de coordinar, estaba formada por científicos y científicas de las 5 vocalías en las que están agrupadas las sociedades científicas en COSCE, y se constituyó con personas con un gran bagaje en el mundo científico, no solo como científicos, sino también como gestores “de” y “en” Ciencia.

El hecho de que en la comisión hubiera representantes de disciplinas muy dispares, hacía prever un difícil consenso en algunos de los temas, pero en pocas sesiones se consiguió un acuerdo para presentar un documento de 13 páginas que se centraba en 5 bloques: 1) La Ciencia como asunto de Estado; 2) Sobre la eliminación de barreras (legislativas) a la investigación e innovación; 3)  Los recursos humanos; 4) Sobre la integración del sistema de Ciencia y el ecosistema de Innovación; y 5) Ciencia y sociedad.

Este documento, de consenso, proponía no menos de treinta propuestas concretas que aspiraban a ser recogidas en la que iba a ser futura Ley de la Ciencia.

Las primeras negociaciones [fallidas]

El equipo del ministro Duque recibió este informe y nos convocó a una reunión, donde se nos presentó lo que podía ser considerado como primer borrador de esa futura Ley. Para nuestra sorpresa, en ese borrador, no se recogía ni una sola de las propuestas del documento de COSCE. En esa decepcionante reunión, además comprobamos con estupor que en el borrador se contemplaba la eliminación del Programa Ramón y Cajal, para sustituirlo por un procedimiento que pretendía ser un “tenure-track”, pero que apenas tenía ninguna de las características que debe poseer un programa con esos objetivos.

Esta reunión tuvo como primera consecuencia la elaboración de un segundo informe de COSCE, titulado “Informe COSCE sobre la Reforma de la Ley de la Ciencia en materia de RRHH: el fin de la meritocracia científica”, donde se pedía al Ministerio reconsiderar las nefastas propuestas que, sobre este tema, había en el borrador de ley.

En julio de 2021, se produce un relevo al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación y se renueva toda la cúpula del ministerio, por lo que el nuevo equipo decide reformar la propuesta de borrador, donde la barbaridad que se pretendía con el programa Ramón y Cajal desaparece.

El nuevo equipo al frente del Ministerio ofrece un dialogo continuo, lo cual es de agradecer, pero por desgracia ha sido casi un dialogo de sordos, porque prácticamente no hemos visto casi ninguna de las propuestas realizadas en la Ley, ni en su etapa de borrador ni como consecuencia del debate y posterior aprobación de las enmiendas.

Nuevo equipo y nuevas conversaciones: se ha oído, pero no se ha escuchado.

Lo que no tiene esta Ley

Esta Ley tendría que haber servido para situar la Ciencia en el centro de las decisiones políticas, para lo cual hubieran servido algunas medidas que ya existen, e inventadas, en otros países donde la Ciencia sí ocupa ese lugar. Como por ejemplo, que exista un Consejo Asesor de Ciencia que dependa de la Presidencia del Gobierno, independiente del poder político y que sea, de facto, el equipo asesor en Ciencia de la Presidencia del Gobierno. Como, por ejemplo, incluyendo la obligatoriedad de que este Consejo u otro nombrado para el efecto, emita informes de impacto normativo sobre el funcionamiento de la Ciencia, igual que son necesarios informes de impacto de género o impacto ambiental.

Quizás si esto existiera, no tendríamos una importante serie de leyes (sobre todo económicas) que hacen imposible la gestión de la Ciencia en España. Incluyo la recién aprobada Reforma Laboral, que ha paralizado durante meses la contratación de científicos. Como veremos, esta reforma se introduce una litigiosidad insoportable en el sistema que, desagraciadamente, ya se hace notar, a pesar del poco tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Ley.

Financiación

En este contexto, la vinculación del presupuesto de ciencia a un porcentaje del 1.25% en el 2030, que se vende como un gran éxito, nace totalmente desfasado con las necesidades de España y en relación con los presupuestos de Ciencia de los países de nuestro entorno económico. Este objetivo debiera haberse conseguido hace años. Cuando supuestamente se consiga en el 2030, esos países a los que hago referencia tendrán una brecha con nosotros mucho mayor. Lo razonable hubiera sido no poner una cifra concreta (y tan exigua), sino hacer referencia, por ejemplo, a la inversión media de los países del primer cuartil de la OCDE.

Legislación

En esta Ley se tendría que haber, previo análisis detallado, eximido a la ciencia de ser tratada como cualquier otro estamento del sistema público desde el punto de vista legislativo. Leyes como la Ley General de Subvenciones, la de Contratos del Sector Público, la del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; y también la de Fundaciones, la de Economía Sostenible, la relativa a  Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, la de Régimen Jurídico del Sector Público, la del Estatuto Básico del Empleado Público y las Leyes de Presupuestos Generales, que recogen medidas de restricción del gasto público de forma indiscriminada, como  por ejemplo la tasa de reposición o el techo de masa salarial, tendrían que haberse eximido de ser cumplidas por el ámbito de la Ciencia para, sencillamente, poder hacer nuestro trabajo: generar conocimiento, atraer y retener talento, generar valor para la sociedad.

En ningún país avanzado existen leyes tan restrictivas para la actividad científica, leyes que hacen que la actividad científica se mueva en una ciénaga burocrática sin parangón en el mundo moderno del siglo XXI. 

Evaluación

En esta Ley se tendría que haber refundado la Agencia Estatal de Investigación. Refundada, esencialmente en dos sentidos. El primero, es lo que podríamos llamar su gobernanza y su funcionamiento. La dirección de la Agencia debe recaer en alguien que tenga reconocido prestigio y reconocida capacidad de gestión, pero sobre todo debe ser independiente del poder político. El actual sistema, que está barnizado de independencia, ha demostrado, con los dos últimos nombramientos, que está muy alejado de la transparencia y equidad que debiera garantizarse.

Hay que asegurar a la Agencia independencia política, pero también económica, asegurando presupuestos plurianuales que permitan programar y ejecutar convocatorias.

El actual estatuto no lo garantiza y una Ley de a Ciencia debiera blindar estos aspectos. El segundo es el presupuesto de la propia Agencia. Hay que asegurar a la Agencia el suficiente músculo administrativo para permitirle gestionar con garantías todas las convocatorias que se promueven. Y ese músculo, que debe traducirse en un presupuesto, tiene que ser proporcional a los fondos que se manejan. Esto es una cave fundamental en un país que respeta su sistema de Ciencia.

Carrera profesional

En esta ley se debiera haber definido y promovido un esquema de carrera profesional que cubriera a todo el personal involucrado en la actividad científica, y especialmente coordinado con las propuestas del ministerio de Universidades para la carrera del profesorado en la futura ley del sistema universitario.

Nos podemos encontrar, pronto, con propuestas incompatibles o alternativas en las carreras de los científicos que trabajen en OPIS y en Universidades. Y en estos esquemas, se debiera haber facilitado el paso de la academia al sector privado y viceversa, porque no existe ningún país donde las leyes de ciencia pongan barreras entre estos dos mundos, y esta ley las pone.

Pero, ¿y lo que sí tiene esta Ley?…

Continúa mañana en universídad. 

 

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