La nueva reforma de la Ley de la Ciencia: un análisis crítico (II)

Algunas cosas que sí tiene esta Ley

Veamos a continuación varios aspectos recogidos en su articulado, tras analizar en mi post de ayer lo que creo ausente.

Una exagerada regulación vinculada con temas de igualdad, género, etc.: si tenemos en cuenta que la mayoría de estas normas ya están amparadas en leyes específicas, por lo que la mayoría de artículos son redundantes con la legislación vigente.

Algunos detalles que resultan insultantes para el mundo de la ciencia, como incluir entre los deberes del personal investigador “evitar el plagio y la apropiación indebida” o “procurar que su labor sea relevante para la sociedad”. Es como si en una normativa referida a la judicatura se incluyera como deber de los jueces “no prevaricar”. Obviamente.

La adaptación de la Reforma Laboral a la ciencia, haciendo indefinidos (y vinculándolos a una línea de investigación) la mayoría de contratos (excepto los llamados “predoctorales” y los vinculados a la “incorporación a la carrera académica”), lo que supone una mejora para numerosas situaciones en las que la concatenación de contratos supone una clara vulneración de derechos. Pero, siendo este un problema no aplicable al conjunto de los contratos habituales en Ciencia y, sobre todo, un problema muy vinculado con las OPIS estatales, se podía haber resuelto con disposiciones pensadas “ad hoc” y no con una regulación general. Esta solo va a hacer mas difícil competir al sistema español en Europa (donde en prácticamente en ningún sitio se contratan “posdocs indefinidos”) y va a generar una litigiosidad insoportable.

Una burocracia de «orfebres», para la que la propia abogacía del Estado ha generado unos modelos de “contratos indefinidos”, que incluyen unos anexos donde hay que definir con sumo detalle, no solo la línea de investigación a la que se va a vincular el contrato, sino una minuciosa descripción de tareas a desarrollar, financiación vinculada al contrato, y lo más sorprendente en un contrato indefinido, fecha de inicio y fecha de finalización.

Cada contrato llevará un desarrollo burocrático que no ayudará precisamente a nuestras instituciones, burocracia que fue definida en una reunión con representantes del Ministerio de Ciencia como “orfebrería”.

Los falsos contratos indefinidos que, desde luego, no van a acabar con la precariedad endémica de nuestro sistema de Ciencia y Tecnología. Otra muestra del poco interés real en desburocratizar es que, cuando estos contratos son realizados con fondos propios de la institución, requieren “de autorización previa”, por lo que añadimos un trámite más.

Por otra parte, los contratos “no indefinidos” que se permiten en la Ley (los predoctorales y los de acceso a la carrera) solo pueden ser utilizados por el sector público o por fundaciones de ámbito privado sin ánimo de lucro. Esto da una puñalada a cualquier tipo de colaboración con la industria en el marco de proyectos de investigación colaborativos y competitivos, donde no podrán contratar, por ejemplo, predoctorales.

Esta medida supone una falta de visión de gran alcance y que pone en riesgo muchos “doctorados industriales”. Hubiera sido tan sencillo como permitir que el sector privado pudiera hacer uso de esos contratos en el marco de convocatorias públicas de investigación.

Algunas mejoras en aspectos vinculados a los contratos relacionados con la promoción y gestión de los resultados de investigación, las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora o la cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado, a través de la participación en entidades basadas en el conocimiento. En estos casos la Ley permite la utilización del Derecho Privado. Ya podrían hacerlo extensivo (el derecho privado) a cualquier legislación vinculada con Ciencia, y nos ahorraría a todos muchos problemas, pero esto sería pedir un sueño. También hay un simulacro de mejorar la compra pública innovadora, que no deja de ser un “wishful thinking”, igual que la Disposición adicional trigésima segunda sobre reducción de cargas administrativas en el ámbito científico, tecnológico e investigador.

Las banderas de la Ley

Las banderas que se agitan para defender esta ley son:

  • Acabar con la precarización. No es cierto. Los falsos contratos indefinidos alivian una situación injusta en los casos que existen de concatenación de contratos, pero somete al conjunto del sistema a unas restricciones de contratación insoportables y una posible litigiosidad que puede ser letal. Esto se podrá confirmar (o no) en unos pocos meses.
  • Hacer la ciencia más igualitaria. Esto es cuestionable. ¿En qué puntos en el ámbito de la igualdad avanza a Ley de la Ciencia sobre las Leyes de Igualdad vigentes?
  • Reducir la burocracia. Si tenemos en cuenta que nos movemos en un sistema hiperburocratizado equivalente a un océano, las tres piscinas de agua que se retiran de la ciénaga por la Ley no permiten poder afirmar que se reduce la burocracia.
  • Activar nuevos mecanismos de colaboración público-privada. Más que activar nuevos mecanismos, habría que decir que se habilitan nuevos instrumentos para mecanismos que ya existen, pero no funcionan. Veremos si los cambios los hacen funcionar.
  • Blindar una financiación pública creciente y estable.

Si bien esto último es cierto, el objetivo que se fija para el 2030 (el 1,25% del PIB) es una cifra más que obsoleta.

¿Una oportunidad perdida?

Había en el sistema de Ciencia y Tecnología un consenso elevadísimo para haber puesto en marcha muchas de las reformas necesarias, especialmente en el ámbito de la desburocratización, y en vez de eso se ha hecho una ley obsesionada con los temas de género, que introduce muchas limitaciones a la hora de contratar personal investigador (poniendo al Sistema español en franca desventaja con el resto de Europa); que apenas contempla más que algunas medidas de maquillaje en el ámbito de la mejora de la burocracia; que nos aleja aún más de la colaboración público-privada; que no soluciona la precariedad y el regreso de talento a España; y, que no asegura una financiación suficiente (el 1,25% del PIB -en el 2030- hubiera sido un objetivo interesante hace diez años).

Resumiendo, esta Ley de la Ciencia es otra oportunidad perdida. Mucho ruido para muy pocas nueces. Parieron los montes y apareció un ratón.

 

 

 

Comentarios
  1. J.J. Moreso josejuan.moreso@upf.edu dice: 03/11/2022 a las 09:52

    Los dos artículos que José Manuel Torralba ha escrito ponen claramente de manifiesto las insuficiencias de la anunciada reforma de la Ley de la Ciencia. Deseo subrayar en especial la incapacidad que, al parecer, tenemos de eliminar las barreras burocráticas e introducir la flexibilidad necesaria para que la investigación y la innovación avancen más ágilmente entre nosotros.

  2. Juan Luis Vázquez dice: 03/11/2022 a las 10:14

    Como continuación a mi comentario de ayer, doy las gracias al profesor Torralba por sus análisis. También creo los dos artículos ponen claramente de manifiesto las insuficiencias de la anunciada reforma de la Ley de la Ciencia y la mucha palabreria innecesaria.
    Le confirmo que hace 10 años ese tope del PIB al que alude fue superado.
    Espero del profesor un tercer análisis comparativo con la situación y la ley de hace un decenio (enuncicar que se dice y que se dijo, cuanto se cumplió y también lo que fue a peor). Igual es mucho pedir, en todo caso muchas gracias.

    Hay un clima general de que contra el poder de la burocracia no hay nada que hacer. El derrotismo consuela pero no cura. Mi universidad, la UAM, luchó toda la vida por proteger a sus investigadores de esa plaga y se iba consiguiendo. Es tarea de todos las personas activas el parar al monstruo del papeleo creciente y la palabreria innecesaria, conservando lo esencial del rendimiento de cuentas que es base de la democracia.

  3. Carmen González dice: 03/11/2022 a las 11:33

    Los dos artículos inciden en las indeseables consecuencias de la soberbia política, cuyos agentes emprenden reformas sin tener en cuenta las propuestas de los expertos. Felicidades, en todo caso, por el trabajo realizado por la comisión y por el análisis de estos dos artículos


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