La rendición de cuentas en la universidad: un debate necesario

El marco legal

El Real Decreto 1086/1989 de 28 de agosto sobre retribuciones del profesorado universitario y la creación de la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica (CNEAI) constituyeron el punto de partida para un cambio de paradigma en el ámbito del reconocimiento de la labor investigadora del profesorado universitario.

Tanto los quinquenios asociados a la actividad docente (competencia de las universidades) como lo sexenios (competencia la CNEAI) contribuyeron a potenciar incentivos, escasamente dotados en lo económico, al profesorado universitario, básicamente en el ámbito funcionarial.

En el caso de los sexenios, el énfasis se centró en las publicaciones (5) de los solicitantes, que son evaluadas por comités ad hoc. Este modelo sigue inalterado en el tiempo. Recientemente, en la Resolución de 5 de diciembre de 2023 de la CNEAI, se ha publicado una actualización (¿?) de los objetivos que se persiguen.

Entre ellos, destaca la ampliación del tipo de aportaciones a través de una consideración más amplia de las denominadas aportaciones extraordinarias”; se aplica un reajuste en la combinación de los métodos cualitativos y los indicadores cuantitativos, con la introducción de una narrativa aportada por el solicitante en los “indicios de relevancia e impacto” de cada aportación;  asimismo, se establece que “las aportaciones solo serán valorables si contribuyen al progreso del conocimiento y presentan impacto científico o social, entendido este último como los beneficios evidenciables que aporta el conocimiento más allá del ámbito académico”.

Una mirada hacia atrás sin ira

La dinámica generada por la puesta en marcha de los sexenios contribuyó a impulsar un salto cualitativo y cuantitativo en la presencia internacional de la ciencia española en términos de publicaciones.

Siendo así, sin embargo, se alegó, desde algunas culturas académicas, que el énfasis en las artículos en revistas prestigiosas, sobre todo desde la perspectiva de las ciencias naturales, no reflejaba las especificidades de los diferentes ámbitos del conocimiento, que cuentan con unas dinámicas de difusión de resultados sustancialmente diferentes. Ello se tradujo en la incorporación, a posteriori, de elementos que significaran una labor de reconocimiento de esas aportaciones.

Asimismo, los sexenios han contribuido a sentar las bases de “discriminación positiva” en el ámbito académico: requisitos necesarios para optar a cargos, participación en diferentes comités de acceso a plazas o jurados de tesis doctorales, reducciones en las tareas docentes, reconocimientos de la actividad investigadora por parte de algunas universidades con la correspondiente contrapartida económica, entre otros.

La garantía de calidad, ¿sin una cultura de rendición de cuentas?

Como atinadamente señala el profesor José Luis Verdegay en su estimulante aportación en el blog del pasado 2 de abril con el sugerente título Productividad y calidad científica:¿Dos caras de una misma moneda?, «los sexenios y su metodología de evaluación no son garantes de la calidad, sobre todo, teniendo en cuenta si el número de trabajos, sus citas, los índices de impacto, etc. son las variables más adecuadas para evaluar dicha calidad”. También añade que “es ineludible, pero no en forma exclusiva, pedir revisiones muy estrictas de las aportaciones, incentivando y exigiendo la profesionalidad de los evaluadores, para lo que se necesita tiempo, dinero y transparencia”.

Añadiría que los formularios de las solicitudes fueran sencillos y facilitaran los tiempos de los solicitantes. El factor tiempo en el proceso es un elemento que los gestores del mismo deberían tener en consideración.  Y hacerlo más aún en un momento en el que la carga burocrático-administrativa en nuestras universidades en relación con la actividad docente e investigadora, así como las complejidades formales en los procesos de acreditación y presentación de proyectos en otros ámbitos competenciales (ANECA, AEI) se están convirtiendo en una losa que condiciona de manera notable la actividad cotidiana de investigadores e investigadoras.

Por último, la introducción de una cultura de “publicar o perecer” se ha traducido en una obsesión para los jóvenes investigadores afectados por un estrés en el número de publicaciones para acceder a diferentes contratos posdoctorales, algunos de ellos altamente competitivos que, en algunos casos, fomentan narcisismo y pueden constituir una limitación notable para un trabajo cooperativo.

¿Es posible repensar el modelo?

La generación de conocimiento es una seña de identidad de la universidad humboldtiana. Esta aspecto se ve complementado con la necesidad de su transmisión no solo en los ámbitos de las diferentes áreas, sino también a la sociedad teniendo en cuenta que, mediante las aportaciones presupuestarias de las comunidades autónomas y de la administración general del Estado, se permite la supervivencia del sistema público de educación superior.

De ahí la importancia de un elemento que me parece clave, como es la rendición de cuentas del trabajo individual como institucional y los incentivos económicos derivados del cumplimiento de objetivos marcados a nivel institucional.

Un sistema obsoleto

En el marco individual relacionado con la investigación, el sistema de sexenios en su versión actual me parece caduco y trasnochado. Olvida, además, el elemento de rendición de cuentas, al que me referiré al final. Más allá de lamentar la situación, creo se debe poner el foco en el objetivo, resultados y metodología de evaluación de los mismos.

En esa dirección, el objetivo sería que los investigadores lleven a cabo una real y completa rendición de cuentas de los resultados de su labor cada seis años.

Deberían presentar un balance de la actividad realizada en su conjunto a través de ítems como publicaciones (artículos, monografías, patentes, entre otras); la participación destacada en proyectos competitivos (con una graduación entre los de ámbito nacional e internacional); la dirección de tesis doctorales; la presencia en eventos relevantes de su especialidad (como conferenciantes plenarios, miembros de comités organizadores/ científicos); la cooperación internacional (que incluye movilidad propia, atracción de investigadores en diferentes etapas de sus trayectorias); y, la divulgación científica (a través de diversos formatos).

Esa información se debería completar con el acceso a la página web personal y la documentación suministrada en acceso abierto por parte de cada universidad. A nivel anecdótico, la justificación de participación en congresos y eventos internacionales a través de certificaciones solicitadas por los interesados a los organizadores constituye una notable singularidad de nuestro sistema que causa extrañeza fuera de nuestro país, pero que constituyen un requisito en procesos de acreditación.

Metodologías y proceso de evaluación

En cuanto a la metodología de evaluación de esa tarea global, se deberían simplificar los “pesados” procedimientos actuales y poner un énfasis particular en no centrarla en los aspectos cuantitativos sino priorizando los cualitativos, en función de la autoevaluación del solicitante y un trabajo riguroso de los comités de evaluación externos (en los términos apuntados por el profesor Verdegay).

Un proceso de evaluación debe tener consecuencias tanto a nivel individual como institucional.

En el primer caso, las retribuciones por resultados de investigación se deben traducir en aportaciones salariales dignas (frente a la miseria actual).  No deben tener un recorrido acotado ya que los actuales sexenios tienen un tope de seis periodos, produciéndose la anomalía de que un investigador destacado y en activo no puede optar a un reconocimiento de su trabajo finalizado dicho tope. Y sí, por contra, deben estar abiertos a todo académico independientemente de su estatus contractual.

En el segundo caso, comunidades autónomas y AGE deben disponer de una fotografía fiel y dinámica de la labor institucional en el ámbito investigador por parte de las universidades, en las que se conjuguen tanto las evaluaciones individuales como las acciones para apoyar el desarrollo de investigación, transferencia y divulgación que toda institución de educación superior tiene el compromiso de llevar a cabo, si asume una auténtica política de rendición de cuentas.

Y, sin duda, todo ello se debe traducir en una financiación acorde en función al cumplimento de objetivos reflejado en esa rendición de cuentas.

La rendición de cuentas como conclusión

Esta aportación pretende abrir un debate necesario sobre la rendición de cuentas tanto a nivel individual como institucional en un apartado estratégico como es la actividad investigadora en OPIs y universidades. Resulta imprescindible tanto desde la perspectiva de su propia identidad de cara a la sociedad española como a nivel internacional, pero también como país comprometido con el desarrollo del conocimiento para mejorar la calidad democrática de su ciudadanía.

En este desafío, la complicidad ciudadana es necesaria para avanzar en una dirección que, a partir de la rendición de cuentas, transforme no solo la realidad socioeconómica de nuestra sociedad, sino también la de las personas.

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