José Antonio Pérez García, economista, gerente de la Universidad Politécnica de Valencia y editor de Universídad, hace una valoración de la posición de las universidades españolas en los rankings internacionales.
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En octubre, la comunidad universitaria se convierte en protagonista de Universídad, una conversación pública a la que invitan los editores de Studia XXI con sus propuestas para el debate.
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Los expertos de Studia XXI apuntan una serie de recomendaciones para el gobierno y la toma de decisiones en las universidades, que recuerdan algunos de los principios de la doctrina política del «gobierno abierto».
—No es posible realizar de forma coherente unas exigencias para las Universidades si se les priva de los medios específicos para alcanzarlas.
—La cuestión clave es cómo debe proporcionarse la financiación pública a las universidades, con las características de suficiencia, equidad y eficiencia, y de una manera estable en el tiempo, y la definición de los instrumentos para acceder a ella.
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Los españoles no valoran de forma demasiado entusiasta su universidad. Quieren que esta institución forme buenos profesionales y que rinda cuentas ante instancias sociales no bien definidas. Pero concluyen que la universidad no realiza su trabajo con la eficacia deseable, en opinión de los que han respondido a las preguntas de una encuesta de Studia XXI.
—Sin verdadero ejercicio de la autonomía, es imposible alcanzar la excelencia universitaria. En España, con el marco normativo vigente, no es posible que sus universidades públicas la ejerzan, aunque generalmente no utilizan el escaso margen que tienen.
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La diversidad se ha venido identificando como uno de los principales factores asociados al rendimiento positivo de la educación superior. Entre los argumentos que se suelen emplear a favor del fomento de la diversidad (Birnbaum, 1983), Frans van Vught [1], autor del artículo y miembro del Center for Higher Education Policy Studies de la Universidad de Twente, recoge los siguientes: […]
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